El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal resolvió, por cuatro votos contra tres, reponer en el cargo al fiscal José María Campagnoli, quien había sido suspendido preventivamente en diciembre último. Esto no significa que el juicio político por mal desempeño también se terminó, sino que se volverá a hacer en agosto. Mientras tanto, Campagnoli podrá volver a trabajar en la fiscalía de Saavedra. El proceso en su contra (donde se lo acusa de manipular una causa para cambiar su objeto de investigación y apuntarle a Lázaro Báez) había quedado paralizado a raíz de la renuncia de una de las juezas. Su suplente fue quien definió ayer la votación a favor del acusado, luego de elegirse a sí mismo para integrar el jurado. Los fiscales que llevan adelante la acusación podrían impugnar su participación.

La defensa de Campagnoli reclamaba el levantamiento de la suspensión con insistencia desde que el juicio quedó empantanado el 24 de junio. Para ese día estaban programados los alegatos, ya que había terminado la ronda de testigos y un día después el tribunal dictaría sentencia. Sin embargo, la entonces representante de la Defensoría General, María Cristina Martínez Córdoba, pidió licencia médica con el argumento de que había sufrido un pico de presión y estrés. Eran días donde circulaban mensajes y advertencias, en medios y redes sociales, para que se inclinara a favor de Campagnoli, ya que su voto había sido el que en el verano definió la suspensión. Ante la indefinición y pasados los diez días reglamentarios, el juicio cayó y se fueron acumulando problemas y discusiones. Los jueces se juntaron para resolverlos ayer, a puertas cerradas, durante toda la tarde.

El día no había empezado bien para el fiscal Daniel Adler, uno de los integrantes del tribunal, ya que numerosas calles de su ciudad, Mar del Plata, y la puerta de la escuela donde concurre su hija amanecieron tapizadas de panfletos que decían: “Fiscal Adler, defensor de korruptos, verdugo de Campagnoli”. El proceso viene plagado de presiones e intimidaciones. El fiscal Adolfo Villate recibió amenazas telefónicas de muerte y le hicieron una pintada en la fachada de su casa: “Todos con Campagnoli”. Así las cosas, el tribunal ayer volvió a repudiar las expresiones contra Adler.

La defensora que renunció tenía un suplente del mismo estamento, Leonardo Miño. Pero como quedaba vacante el cargo de titular, la Defensoría General de la Nación designó por sorteo a un nuevo integrante para el jurado, que es Nicolás Toselli. Esto generó una controversia sobre quién tenía que ocupar el cargo en el tribunal para el jury contra Campagnoli. Miño fue recusado por los fiscales acusadores, por ser vocal directivo de la Asociación de Magistrados, una entidad que se pronunció en dos comunicados en defensa de Campagnoli. Hace diez días, los jueces no podían ponerse de acuerdo sobre qué había que resolver primero y menos cómo. Pero ayer todos acordaron rechazar la recusación.

Eso, de todos modos, no quería decir que Miño iba a integrar el jurado. Eso también tenían que votarlo. Fue el momento, entrada la tarde, en que todos pusieron cara de perro. Y otra vez quedaron empatados: el fiscal Adler, el representante del Poder Ejecutivo, Ernesto Kreplak, y el del Senado, Rodolfo Ojea Quintana, plantearon que debía asumir Toselli. Pero el delegado de la Corte Suprema, Juan Octavio Gauna, y los abogados Adriana Donato y Javier Panero sostuvieron que debía ser Miño. El propio Miño fue quien desempató y votó su propia incorporación al jurado. Los tres jueces que lo cuestionaban quedaron boquiabiertos.

La semana pasada, la defensora general Stella Maris Martínez había enviado una nota al jurado quejándose porque en la última reunión no había estado presente ningún representante de su área. En esa nota dejaba claro, además, que para la Defensoría, Toselli es el titular y Miño el suplente. Es posible que los fiscales Adolfo Villate y Marcelo García Berro se apoyen en este punto para cuestionar la participación de Miño y habrá que ver qué dicen respecto del resto del tribunal, que no objetó sus pronunciamientos. De hecho, un rato más tarde, el defensor Miño se convertiría, otra vez, en el voto clave para desempatar a la hora de analizar el pedido para levantarle la suspensión a Campagnoli. Es más, es quien quedó presidiendo el tribunal.

Cuando Campagnoli fue suspendido el 12 de diciembre, cuatro de los jueces argumentaron que era una medida necesaria para garantizar el buen servicio en la fiscalía, mientras él se dedicaba a defenderse; dijeron que era un modo de evitar que entorpeciera el enjuiciamiento desde su lugar de poder como fiscal, y que en la acusación había “verosimilitud del derecho” por la “minuciosa” descripción de faltas que había hecho la procuradora Alejandra Gils Carbó al denunciarlo. La acusación se basó, en esencia, en mostrar que había forzado su competencia en un caso de lavado de dinero siendo fiscal del fuero ordinario, que lo hizo modificando el objeto de la investigación y convirtiendo a quien había sido denunciado por defraudación (el financista Federico Elaskar) en una víctima de extorsión, lo que llevaría a imputar a Báez.

Además de la defensora que ya no está, habían votado por esa postura Adler, Kreplak y Ojea Quintana. Ayer mantuvieron la misma posición. Se basaron en que, para ellos, nada cambió. Dijeron que el proceso tiene un plazo máximo de 180 días para dictar sentencia y que, para colmo, Campagnoli había conseguido que el fuero contencioso administrativo dispusiera que cobre su sueldo entero. Kreplak advirtió que no existen antecedentes de que se haya levantado una suspensión a un fiscal (en todo caso se lo repone si es absuelto). En la vereda opuesta, votaron que siguen sin existir razones para la suspensión Gauna, Panero y Donato. Para desempatar, Miño de-senfundó sus propios argumentos, bien parecidos a los de la defensa de Campagnoli: dijo que sí había cambiado algo: que la interrupción del enjuiciamiento y la demora en reanudarlo generaron una situación “extraordinaria” que no es culpa del acusado ni de sus abogados. Por lo pronto, Campagnoli podrá volver a su despacho, aquel donde se encontró un enorme álbum digitalizado con fotografías de niños y familias enteras del Barrio Mitre que eran utilizadas para ser exhibidas a las víctimas de delitos como posibles candidatos a incriminar. También allí es donde la fiscal Cristina Caamaño, quien lo reemplazó de manera transitoria, denunció que las 3900 causas que aparecían como las que estaban en trámite eran, en rigor, 389 (el resto estaban archivadas, prescriptas, derivadas a otros tribunales, desestimadas o elevadas a juicio), entre otras irregularidades que forman parte de otra veintena de denuncias contra el fiscal.

El tribunal de enjuiciamiento se volverá a reunir el 5 de agosto en una audiencia preliminar para decidir cómo hacer de nuevo el juicio, que podría empezar a fines de ese mes. Lo más probable –por lo que conversaron ya los jueces– es que no vuelvan a citar a los testigos sino que el nuevo juez, por ahora Miño, mire los videos de todas las audiencias que no presenció y se incorporen “por lectura” los textos de todos los testimonios (que incluyeron desde Jorge Lanata hasta los denunciantes de Campagnoli). La intención es que el nuevo juicio no dure más de cuatro días. Todo eso, si es que no hay planteos que lo vuelvan a postergar.