Al poco tiempo de iniciada la investigación del caso rotulado como del “Karateca”, tiempo que se mide en unas pocas horas, el fiscal Alvaro Garganta salía ante las cámaras para afirmar que el cuádruple crimen estaba resuelto con la detención del novio de una de las víctimas, Osvaldo Martínez. Para sostener semejante afirmación, Garganta contó con el apoyo cerrado del juez de Garantías, Guillermo Atencio. Se llama juez de Garantías porque debe ser garante de que se cumpla el proceso judicial como lo ordenan las leyes, incluida la Constitución, que señala que nadie es culpable antes de ser condenado. La absolución de ayer, con la intensidad que se suele dirimir, debería gestionar un reclamo de jury por el solo hecho de analizar si Atencio cumplió con las leyes que debía garantizar. De Garganta sólo cabe analizar su volubilidad a los flashes, que no parece motivo suficiente para analizar conductas. Sin embargo, su declaración como fiscal, sostenido por un supuesto garante del debido proceso, lo que logró fue que la horrorosa tendencia periodística de etiquetar, y con ello anticipar condenas, diera a conocer la noticia como “el caso del Karateca Martínez”. Las pruebas de ADN no le dieron la razón, pero Garganta insistió, ya con muchas pruebas en su contra. El caso fue elevado a juicio y, sin crítica por lo actuado, la prensa lo informó como “el caso del Karateca elevado a juicio”. Ayer, porque nunca es grato recibir un fallo en contra, pero también porque la mala información multiplica reclamos sin respuesta, los familiares gritaron de dolor y odio. El fiscal deberá apelar a riesgo de papelón en el mundillo jurídico. El juez de Garantías hace rato que se llamó a silencio. El caso del Karateca se quedó sin Karateca, pero la prensa querrá buscar a un culpable. Aunque nadie quisiera verlo, era obvio que así ocurriría.