La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, formó una comisión de fiscales para que determine pautas de comunicación de la información en casos de secuestros extorsivos, de modo que el nexo entre “el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad” permita “garantizar la integridad de las víctimas, dotar de eficacia a la investigación y satisfacer el derecho a la información de la ciudadanía”. En su resolución, Gils Carbó señaló que el manejo de “la publicidad y difusión por medios masivos de comunicación de ciertas circunstancias vinculadas a investigaciones en curso sobre secuestros extorsivos, particularmente cuando se trata de casos de delitos en ejecución o recientemente agotados”, puede dificultar la investigación “y la determinación de los responsables”, como sucedió durante el secuestro de Segundo Tevez, al cabo del cual el fiscal Federico Delgado sugirió, en nota formal, que “es tiempo de pensar en un protocolo” de manejo de la información.

La comisión estará conformada por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo; el fiscal general de Mar de Plata, Daniel Adler; el titular y el fiscal interino de la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, Diego Iglesias y Sergio Mola; el titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Morón, Sebastián Basso; el titular interino de la Fiscalía Federal Nº 2 de Morón, Leonel Gómez Barbera; y el mismo Delgado, titular de la Fiscalía Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires. Al grupo de fiscales se sumará, además, el director de Comunicación Institucional de la Procuración General, Luis Villanueva. La comisión deberá elevar el protocolo dentro de un mes, un tiempo “prorrogable por igual plazo si fuera necesario”.

La resolución de Gils Carbó retomó el planteo que realizó Delgado al día siguiente de sucedido el secuestro extorsivo de Segundo Tevez, padre del jugador de fútbol Carlos. Ese 30 de julio, en una nota a la procuración, el fiscal señaló: “Con el hecho en pleno desarrollo, la fiscalía se enteraba de las novedades a través de los medios masivos de comunicación. La liberación de la víctima, los videos que documentaban el inicio del acontecimiento, las negociaciones y todo ese tipo de contingencias llegaron tarde a la administración de justicia”. En aquella ocasión, Delgado señaló que “hacer públicos los detalles de un secuestro en progreso pone en riesgo la vida de la víctima y mostrar materiales que no deberían conocer los imputados antes de estar sometidos a proceso puede frustrar la pesquisa”.

Gils Carbó, en una resolución con fecha del martes, destacó “la importancia de adoptar medidas para dotar de previsibilidad, eficacia y control a la actividad de los fiscales y las fuerzas de seguridad en su relación frente a los medios de comunicación y las víctimas, sus familiares y allegados” y, a la vez, “atender la razonable demanda de información de la población generada ante hechos de gran conmoción social”.

En el escrito, la procuradora recordó que ya existe en el ámbito del Ministerio Público Fiscal “una recomendación dirigida a las/os integrantes del organismo y a las fuerzas de seguridad que actúen bajo su dirección” que estipula que “la información que puedan brindar a los medios de prensa respecto del avance de las investigaciones vinculadas con secuestros extorsivos no debe poner de ningún modo en peligro la vida de las personas involucradas en el caso o el éxito de la investigación en trámite”. Sin embargo, agregó Gils Carbó, es necesario especificar explícitamente qué información puede poner en riesgo a las víctimas y a la investigación y también “se requieren criterios que pauten el flujo de datos entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad”.

La comisión deberá “identificar la clase de datos que resulta indispensable mantener en estricta reserva” durante la investigación, “establecer pautas de actuación para el circuito de información entre las fuerzas de seguridad y las/os fiscales”, y cualquier otra medida necesaria para “garantizar la integridad de las víctimas, dotar de eficacia a la investigación y satisfacer el derecho a la información de la ciudadanía en general”.