A casi cuatro años del desalojo del parque Indoamericano, donde fueron asesinadas dos personas por balas de la Policía Metropolitana en un operativo compartido con la Policía Federal, los únicos que desde hoy estarán sentados en el banquillo para enfrentar un juicio son dos dirigentes sociales que apoyaron el reclamo de vivienda y oficiaron como nexos de una negociación política para dejar la toma. Ellos son Diosnel Pérez Ojeda (del Frente Popular Darío Santillán) y Luciano Nardulli (de la Corriente Clasista y Combativa) y serán acusados por el fiscal porteño Luis Cevasco del delito de usurpación, que por estar reiterado podría llevarlos a la cárcel. El sistema de justicia fue eficaz para promover un juicio contra quienes participaban de un reclamo habitacional, pero a los policías implicados en los asesinatos les concedió a mediados de este año faltas de mérito y sobreseimientos. Tampoco sufrieron ninguna consecuencia judicial los funcionarios que incumplieron su compromiso, tras aquellos episodios, de llevar adelante la construcción de viviendas sociales.

La ocupación del predio de Villa Soldati que comenzó en los primeros días de diciembre de 2010 fue síntoma de la situación de déficit estructural de viviendas y muchos de sus protagonistas venían, hacinados, de las villas y asentamientos linderos. En aquel entonces, ni desde el Poder Judicial que intervenía ni desde el ámbito político se abordó el conflicto como tal para desactivarlo en forma pacífica. La respuesta fue directamente represiva. El 7 de diciembre la policía porteña y la Federal desplegaron un operativo violento de desalojo, a los tiros, en el que fueron asesinados Rosemarie Chura Puña, de 28 años y nacida en Bolivia, y Bernardo Salgueiro, de 22 años oriundo de Paraguay. Según establecieron los peritajes realizadas en la investigación sobre el papel policial, la Metropolitana había llevado escopetas con balas de goma adulteradas, con plomo adentro, o sea, de poder letal. Ambas víctimas fatales habían sufrido impactos de proyectiles idénticos, a pesar de que estaban en extremos opuestos del parque. Otras cinco personas tuvieron también heridas de balas de plomo.

Los hechos derivaron en causas judiciales. Las dos principales apuntaron: una a los policías, la otra a los dirigentes sociales que participaron en la ocupación e intentaron una salida negociada, entre ellos Pérez Ojeda y Nardulli.

El juicio que empieza hoy estará a cargo de la jueza penal y contravencional Cristina Lara. La acusación, todo indica, reflotará parte de las teorías que se tejieron en los primeros días después de los hechos, según las cuales los ocupantes del Indoamericano fueron los que atacaron a la policía, que lo único que hizo fue defenderse. “Tenemos demostrada la usurpación, que la toma fue organizada y que hubo resistencia violenta al desalojo por parte de la gente”, le dijo Cevasco a este diario. El fiscal planteará dos momentos de la supuesta organización de la toma, el 6 de diciembre, y una segunda toma el 8, después de los dos primeros asesinatos (al que se sumaría después el de Emiliano Caniviri). Como pruebas, anunció, mostrará declaraciones en medios de comunicación de parte de Ojeda y Nardulli en las que “se muestran como referentes de la toma, están ahí, y asumen el rol de líderes”.

Nicolás Tauber, defensor de los dos acusados, señaló que a su entender no hay delito alguno y que ésas “no son pruebas”, “de lo único que se hablaba en esos días en los medios era del Indoamericano y era lógico que ellos salieran a hablar”. Explicó, además, que si participaron en una reunión con autoridades políticas nacionales y porteñas fue como referentes que buscaban una salida. “En esta causa primero la jueza Cristina Nazar dijo que no podía plantearse el delito de usurpación de un bien de dominio público, y que no se puede desposeer; luego otra jueza, María Gabriela López Iñíguez, también los desvinculó”, explicó Tauber a Página/12. Luego llegaron a juicio porque la Cámara de Apelaciones revocó esas decisiones. “Esta es una típica causa de criminalización de la protesta, que nunca debió llegar a juicio”, consideró.

Las audiencias durarán hasta fin de mes. Cevasco dijo que sus principales testigos (en total 26) serán policías, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vecinos. La defensa lleva como testigos a algunos dirigentes políticos y sociales que estuvieron en el lugar o participaron de la búsqueda de resolución para el conflicto, como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Rafael Gentili, Rocío Sánchez Andía, Martín Hourest, el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, Marcelo Ramal y Facundo Di Filipo, entre otros. Como la acusación es una suerte de doble usurpación, la pena puede llegar a ser de seis años. La denuncia inicial incluía –además de los dos hombres hoy acusados– a Alejandro Salvatierra, delegado de Villa Soldati, Noemí Ruejas y Berta Revilla, del barrio Los Piletones, y Antonio Chancalay, de la Villa 20, puntero del macrismo. Los dos primeros acordaron en un juicio abreviado, hacer tareas comunitarias. Los otros dos fueron desvinculados, aunque Chancalay tiene otras causas por negocios inmobiliarios ilegales y lavado de dinero. Pérez Ojeda y Nardulli no quisieron asumir una pena alternativa con este argumento: “Si Macri no hizo las viviendas, ¿por qué nosotros que no cometimos ningún delito vamos a hacer tareas comunitarias?”.