La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de la ex titular de Ammar-Capital Claudia Brizuela, como “partícipe necesaria” de una banda criminal dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que contaba con protección policial. Según la imputación, la dirigente sindical –que defiende la prostitución como trabajo sexual– le ofrecía una pantalla de legalidad a la red a través de la afiliación de las víctimas a Ammar-Capital, una agrupación que está adherida a la filial porteña de la CTA que lidera Pablo Micheli. La organización delictiva regenteaba dos burdeles en la ciudad de Buenos Aires y otros siete en la localidad bonaerense de San Miguel –que funcionaban en “privados–, de donde fueron rescatadas el año pasado unas 31 mujeres. Varias escuchas telefónicas incorporadas a la causa comprometen seriamente a Brizuela. La red obligaba a las mujeres a hacer turnos de 12, 24 y 36 horas seguidas y llegaban a realizar hasta 18 “pases” por día. Las amenazaban con quemarlas con ácido si no atendían a todos los hombres que les imponían, según surge del expediente judicial. Y las hacían practicar simulacros de allanamiento para que dijeran que “trabajaban por su cuenta en cooperativas”, si llegaban fuerzas de seguridad al lugar (ver aparte).

En la resolución que confirmó su procesamiento, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín destacó que Brizuela hizo un “aporte esencial dentro del concierto criminal”. En la causa, que llevó adelante en un primer momento el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, hay otras 18 personas procesadas, entre ellas el jefe de la comisaría de San Miguel y otros dos policías, que advertían sobre la inminencia de allanamientos a los regentes de los prostíbulos y por ese “servicio” cobraban coimas. Lijo se declaró luego incompetente porque los casos de trata ocurrieron en prostíbulos del conurbano y el expediente pasó a la Justicia Federal provincial.

A Brizuela se le imputa ser “partícipe necesaria, en orden al delito de trata de personas en 31 oportunidades, agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas –una de ellas embarazada y que fue obligada a abortar–, porque fueron más de tres y se consumó la explotación con la participación de más de tres personas imputadas”.

En la Procuraduría de Trata de Personas (ex Ufase) destacaron el fuerte respaldo que recibió la investigación judicial de dos cámaras, la de San Martín y la de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que confirmaron los distintos procesamientos dictados en primera instancia.

Ammar Capital está enfrentada al sindicato Ammar Nacional, donde milita la dirigente de las trabajadoras sexuales Elena Reynaga. La primera entidad se alinea con Micheli y la segunda está dentro de la CTA que encabeza Hugo Yasky. Pero ambas agrupaciones gremiales defienden el trabajo sexual e impulsan una normativa que pretende regular el funcionamiento de “establecimientos de servicios sexuales”.

Brizuela fue desplazada de la titularidad de Ammar Capital luego de que este diario revelara el año pasado los alcances de la investigación judicial. Puntualmente, Lijo acusó a Brizuela de gestionar la tramitación de documentos a mujeres extranjeras sometidas en los burdeles que tenía la red en San Miguel y de proporcionarles carnets de Ammar-Capital, que llevan su firma, por los cuales se les habría retenido 100 pesos mensuales cuando la cuota sindical era, en realidad, de 5 pesos. Para el juez, la sindicalización se utilizaba como pantalla para disimular la trata de personas en el ejercicio libre e independiente de la prostitución. En pos de ese objetivo, “se colocaron en cada uno de los prostíbulos varios carteles de esta asociación y se repartieron folletos, todos secuestrados durante los allanamientos ordenados en la causa”, señaló el magistrado en el auto de procesamiento.

La Cámara Federal de San Martín confirmó las imputaciones. “En definitiva, la causante (Brizuela) tenía estrecha vinculación con miembros de la organización criminal y, a primera vista, participaría en la obtención de réditos económicos obtenidos a partir de los aportes que se obtenían de las víctimas”, dice la resolución del Tribunal.

En el fallo se cita un informe de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que dan cuenta de los testimonios de las víctimas. “En varios de los privados allanados las mujeres entrevistadas manifestaron encontrarse sindicalizadas, protegidas, asesoradas por un sindicato; algunas de ellas exhibieron un carnet de Ammar. Las mujeres que refirieron ser socias de tal organización no habrían concurrido por propia voluntad o iniciativa, sino que en algunos casos la afiliación habría sido requisito expreso de sus mismos explotadores al momento de ingresar al prostíbulo”, señala el informe. También dice que “la pertenencia a tal asociación y la determinación de los regentes a que se afilien a la misma parecerían tener la función de instalar en el circuito prostituyente discurso de autonomía, autogestión de los lugares y de trabajo autónomo. La realidad de las mujeres entrevistadas no cumplía con ninguna de estas características”.

El procesamiento, sin prisión preventiva, había sido dictado el 6 de diciembre. En la causa hay numerosas escuchas telefónicas de las que se desprende la relación cotidiana que tenía Brizuela con una mujer llamada Gladys Fernández, quien para la Justicia era la propietaria junto a su esposo de siete de los burdeles ubicados alrededor de la seccional policial de San Miguel. Fernández y su marido, Marcelo René González, también están procesados en la misma causa.

Para el juez Lijo, la afiliación al sindicato que lideraba Brizuela “deja en evidencia, por un lado, la intención de sus integrantes de darle un contexto permitido a la actividad delictiva que llevaban a cabo. Y por el otro, demuestra el nivel de sometimiento psicológico que se ejerció sobre las víctimas, a punto tal que ellas creían que Ammar las protegía, cuando en verdad sucedía todo lo contrario, porque con esta pantalla los integrantes de la organización investigada lo único que hicieron fue sumar otro elemento que facilitara su explotación”, dice el procesamiento.

Entre las pruebas acumuladas en la causa en contra de Brizuela hay una “gran cantidad de carnets de Ammar con datos de sus víctimas –firmados por ella– y muchos otros en blanco”, secuestrados en un inmueble ubicado en la calle Tribulato 1382, en San Miguel, lugar donde funcionaba el bar que Fernández y su esposo “utilizaban como asentamiento para cocinar la comida que luego repartían entre los distintos prostíbulos donde funcionaba su organización”.