La creación de un sistema de protección a personas en situación de calle que les permita el acceso a todos los derechos a través de, por ejemplo, la existencia de centros de integración que funcionen las 24 horas, de una línea telefónica en todo el país, de un sistema nacional de móviles, así como que se garantice la no represión de quienes transitan esta problemática son algunos de los ejes del proyecto de ley que se presentará hoy en el Anexo del Senado de la Nación.

“La finalidad de la ley es la restitución de derechos a las personas que viven en la calle, esto es, garantizar el acceso a la salud, a la educación, a la identidad, porque muchos compañeros no tienen ni siquiera el DNI, todas cuestiones muy básicas pero que no se cumplen”, indicó Horacio Avila, de Proyecto 7, una de las organizaciones que trabajó en la redacción de la propuesta.

El proyecto, que fue ingresado en agosto por la senadora del Frente para la Victoria Silvina García Larraburu y que será presentado formalmente hoy a las 18, establece que su contenido será de cumplimiento obligatorio para todas las jurisdicciones, que podrán sacar sus propias normativas pero con la letra de esta ley nacional como base.

“El proyecto prevé, además, la creación de un organismo a nivel nacional, que seguramente dependería de Desarrollo Social de Nación, y después cada municipio tendría sus organismos, una línea de llamado gratuita con móviles y centros de integración”, describió Avila.

Los “centros de integración” son claves en este proceso: no son los tradicionales paradores u hogares, sino espacios abiertos las 24 horas (a diferencia de los anteriores, que en general sólo están abiertos de noche) y donde se trabaja con la persona en situación de calle en función de un proyecto de vida. “Un techo no soluciona la situación de calle –explicó Avila–. Aunque tengas un espacio donde dormir, si seguís sin laburo, si no se trabaja sobre la autoestima de la persona, los posibles conflictos con el consumo, la persona volverá a la calle.”

Otro punto que el proyecto de ley remarca es el derecho al uso del espacio público: “Nosotros no estamos a favor de esto porque sostenemos que la calle no es un lugar para vivir, pero hay que dejar en claro que las personas que no tienen alternativas válidas, sobre todo en el interior, donde no hay ni siquiera paradores, no pueden ser reprimidas o criminalizadas por dormir en la calle”.

La elaboración del proyecto, que llevó un año de redacción y en el que, además de Avila, participaron Griselda Palleres y Florencia Montes Paz (de la organización No Tan Distintas), estuvo basada en la ley 3706 (de Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires) y en los viajes que los autores de la propuesta realizaron por todo el país para conocer la problemática en otras latitudes.

“A nivel nacional encontramos una situación muy parecida, se sufren las mismas cosas, tenemos las mismas falencias, los mismos problemas incluso de consumo de drogas; uno ve esa mirada sufrida, ese infierno, en cada compañero de todo el país, de todos los países”, describió Avila. Y añadió: “Lo que sí observamos es que en muchas provincias existe un incremento de la represión, se violan derechos básicos sin que a nadie le llame la atención”.

Según Avila, “el hecho de ir al interior y no ver tantas personas durmiendo en las calles céntricas tiene que ver con que existe una política muy fuerte de expulsión hacia afuera del cordón urbano”. “Entonces –sostuvo– no hay ranchadas como vemos acá, porque no existe posibilidad de que se queden, e incluso, en algunas provincias siguen vigentes figuras como el ‘merodeo’, que hace que te puedan meter en cana sólo por circular, o el ‘limosnero’, que se pena con multa y prisión en muchos lugares, como por ejemplo en Bariloche”.