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Las víctimas y familiares del gatillo fácil y de la violencia policial podrán participar en las investigaciones internas de la Policía Bonaerense iniciadas contra los agentes acusados por irregularidades en sus actividades. “Estoy bastante emocionada. Son pequeñas cosas que vamos consiguiendo, pero en realidad son pequeñas grandes cosas”, dijo María Teresa Schnack, madre de un joven asesinado en 1991 en un tiroteo entre policías y asaltantes e impulsora del proyecto que ayer fue publicado en forma de decreto por el gobierno bonaerense.
El gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, y el ex ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Cafiero, firmaron el decreto 1646 que ayer se publicó en el Boletín Oficial y que concede “facultades de participación a quienes resulten víctimas o damnificados directos del accionar policial irregular, otorgándoles la facultad no sólo de producir denuncias, ya prevista, sino también la de proponer medidas de prueba durante la instrucción sumarial”.
De esta forma las víctimas y familiares de los abusos policiales tendrán acceso a los expedientes de la Oficina de Asuntos Internos de la Bonaerense, encargada de la investigación de los casos de corrupción policiales, y controlada por el poder político desde la gestión de Cafiero (reemplazado el lunes por Juan José Alvarez), que la puso bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad.
El decreto había sido firmado el mes pasado por Cafiero a partir de un pedido de “democratización y humanización” de la Policía Bonaerense que hizo María Teresa Schnack (madre de Sergio Schavini, asesinado el 29 de mayo de 1991 en un enfrentamiento entre policías y asaltantes en una confitería de Lomas de Zamora) con el patrocinio del CELS y de la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Institucional (Cofavi).
“El decreto significa que los familiares de aquellas personas víctimas de la violencia policial podrán intervenir en el sumario interno del policía acusado, que hasta ahora era secreto”, dijo a Página/12 Schnack, quien vio el proyecto de decreto en la audiencia conciliatoria con el Estado argentino, promovida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 26 de agosto último. “Estoy muy contenta de que el caso de mi hijo le sirva a futuras generaciones, pero también quiero que se haga justicia con Sergio”, señaló Schnack, quien reclama la nulidad del juicio oral que en mayo de 1997 absolvió a los 15 policías involucrados en el tiroteo.
Con el decreto, los familiares podrán además proponer declaraciones de testigos e ir a las audiencias que realice la Oficina de Asuntos Internos, conocida también –a través de una investigación de este diario publicada en febrero– porque allí funcionaba una organización que “cajoneaba” expedientes a cambio de coimas.