Un día después de la liberación del último acusado por el crimen de Lola Chomnalez y de que la causa quedara sin detenidos ni sospechosos, la jueza Marcela López alegó un problema de salud y pidió licencia médica. La magistrada debía subrogar el juzgado donde se tramita el expediente de la chica argentina muerta en Uruguay hasta el martes próximo, cuando se reincopore su titular, Silvia Urioste Torres. Mientras tanto, el caso quedará en manos de una jueza de Paz.

El vocero de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Raúl Oxandabarat, informó ayer que por no haber por el momento personas detenidas o nuevas herramientas para la investigación del caso, la causa está ahora en manos de la policía del departamento de Rocha. “El caso va a estar en manos de la policía hasta que aparezca alguna nueva pista, pedido de detención o de allanamiento”, explicó Oxandabarat, quien añadió que las autoridades de la fuerza tienen facultad para citar a nuevos sospechosos, interrogarlos y derivarlos a la Justicia, de surgir evidencia que lo amerite.

Oxandabarat explicó a Página/12 que en la transición hasta que el 13 de enero retome el juzgado la magistrada en lo penal Silvia Urioste Torres, la causa quedará formalmente a cargo de María José Camacho, una jueza de feria en materia no penal. Oxandabarat aclaró que Camacho “está al tanto de la causa ante cualquier avance que pueda aparecer en los próximos días”.

“Estaba previsto que la jueza Marcela López estuviera de feria hasta el 13 de enero”, manifestó Oxandabarat. No obstante, aclaró que aún López está abocada al análisis de distintos resultados de datos que llegaron a su despacho el jueves, entre ellos los de materiales encontrados en la escena del crimen y de los llamados entrantes y salientes de los teléfonos celulares de Lola y del esposo de su madrina, Hernán Tuzinkevich, quien estuvo detenido en el inicio de la investigación.

El jueves a última hora la jueza citó a declarar a un perito especializado en telefonía celular para que interprete algunos de los datos surgidos de esos análisis de comunicaciones y elaboró un acta que adjuntó al expediente.

Antes, la magistrada había entrevistado a peritos que analizaron la escena del crimen y que levantaron distintas muestras en la zona, entre ellas una colilla de cigarrillo y un mechón de pelos en una madera. López solicitó que se volviera a trabajar sobre estas pruebas y pidió un listado de las personas que viajaron en el micro con la joven desde Montevideo a Valizas.

El jueves quedó libre el último de los detenidos que había en la causa, un changarín de 45 años apodado “Conejo”, que había sido identificado por los investigadores a través de un identikit. El sospechoso fue indagado, sometido a reconocimiento y a un careo y quedó libre luego de que no se encontrara ningún elemento que pudiera comprometerlo en la causa por el crimen.

Además del Conejo, por este caso fueron detenidas desde el comienzo de la investigación y luego liberadas al menos diez personas, entre ellas la madrina de la adolescente y el esposo de ésta, ante la sospecha de que la desaparición de Lola no se había producido el domingo 28, como ellos denunciaron ante la policía, sino el sábado 27 de diciembre. Sin embargo, todos los detenidos fueron liberados por falta de pruebas.

Ante la situación que atraviesa la causa por el crimen de la adolescente, el abogado de la familia, Jorge Barrera, insistió en advertir que “a casi diez días de esta circunstancia dolorosa, evidentemente no tenemos la respuesta que se merece la familia y que nosotros esperábamos”. Barrera añadió que el avance de la investigación no arrojó “resultados favorables” y destacó que la familia de la joven asesinada “no va a cesar en su reclamo de verdad y justicia”. “Hay que seguir agotando todos los caminos y las distintas pistas de investigación, no cerrar ninguna”, sostuvo a la salida de los tribunales de la localidad uruguaya de Castillo.