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La Asamblea Legislativa de Entre Ríos prohibió definitivamente a la policía detener y multar sin control judicial a ciudadanas y ciudadanos por “ejercer la prostitución en la vía pública”. Por unanimidad, diputados y senadores rechazaron el veto que el gobernador Sergio Montiel había interpuesto a la decisión legislativa. La medida había sido fuertemente resistida por la Iglesia local, uno de cuyos representantes incluso había llamado a “desobedecerla”. La provincia se convierte así en el segundo territorio del país –después de la Ciudad de Buenos Aires– en dejar sin efecto edictos o normas contravencionales que otorgan funciones judiciales a las fuerzas de seguridad, lo cual, según diversos testimonios, propiciaba coimas y extorsiones. La normativa ahora aprobada había sido impulsada desde 1996 desde el ámbito de los derechos humanos, pero sólo a partir de que las meretrices entrerrianas se organizaron gremialmente, hace un par de años, se generó una acción cívica que consiguió ser escuchada por los legisladores.
El mes pasado, la Legislatura entrerriana había sancionado la derogación del inciso 4º del artículo 45 de la ley 3815, que facultaba a los jefes policiales departamentales a imponer arrestos de 5 a 30 días o multas por ejercicio de la prostitución callejera. La medida –originariamente presentada por el diputado Patricio Solanas– había sido públicamente rechazada por la Iglesia entrerriana. Héctor Rodríguez, vicario de la Familia y la Vida del Arzobispado de Paraná, había llamado a “desobedecer” la ley, y los obispos Mario Maulión, Héctor Cardelli y Luis Eichorn habían pedido que el Ejecutivo la vetara. Efectivamente, el gobernador Sergio Montiel vetó la ley el 19 de septiembre, pero la Legislatura respondió mediante el recurso constitucional de la Asamblea Legislativa, en la cual ambas cámaras, sesionando en conjunto, rechazaron el veto.
La Asamblea se reunió ayer en tercera convocatoria, ya que las dos primeras habían fracasado por falta de quórum: en ésta, 21 de los 45 legisladores, de todas las bancadas, votaron en forma unánime. El senador provincial Daniel Rosas Paz, uno de los que impulsaron la medida, señaló que “no se trata de promover la prostitución sino de derogar una norma que, bajo la figura del ‘escándalo’ y por no requerir intervención del juez, daba lugar a arbitrariedades, como el hecho de que trabajadoras del sexo fuesen detenidas por ‘portación de cara’ cuando iban de mañana a hacer compras para sus hijos”.
La lucha que culminó ayer había empezado hace casi diez años. José Iparraguirre, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la narra así: “En 1994 empezamos a tomar causas sobre abusos policiales en la provincia, incluso las desapariciones forzadas de los jóvenes Martín Basualdo y Héctor Gómez, muy parecidas al caso de Walter Bulacio. Examinamos entonces las normativas que otorgaban facultades abusivas a la policía, y en ese marco nos contactamos con personas que ejercían la prostitución”. El resultado fue la presentación de un anteproyecto que, sin embargo, “desde 1996 durmió en los cajones legislativos hasta que, hace dos años, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) constituyó su filial entrerriana: entonces, la cuestión se reflotó”.
En el marco de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), los militantes por los derechos humanos y las meretrices organizadas se dirigieron a los poderes provinciales: “Nos reunimos con el ministro de Gobierno para intentar frenar los ‘Operativos Moralidad’, las razzias, y logramos que un juez dictara la inconstitucionalidad de la norma”, cuenta Iparraguirre. Precisamente uno de los argumentos que presentaron en los despachos de los legisladores fue “que, al ser la policía parte del Poder Ejecutivo, se le otorgaban a éste funciones que rompen la división de poderes establecida por la Constitución”. En definitiva, “la norma no tenía otra función que servir a la corrupción policial alimentando la ‘caja chica’ de los funcionarios”, observó el abogado. Norma Torres, dirigente de Ammar en Entre Ríos, destacó que la norma “únicamente elimina la sanción de arresto y multas que aplicaba la policía por el ejercicio de la prostitución callejera de personas adultas”, y recordó que “siguen vigentes los artículos 125, 126 y 127 del Código Penal, que castigan la facilitación de la prostitución de menores de edad y la promoción de la prostitución de personas mayores mediante todo tipo de coacción”.
En las últimas semanas “nos llamaron para consultarnos desde distintas provincias, especialmente Salta, Córdoba y Santa Fe; especialmente en Rosario se está dando un movimiento importante”, agregó Iparraguirre. Es que el estado de cosas al que ayer se puso fin en Entre Ríos rige en todo el territorio nacional, salvo en la Ciudad de Buenos Aires desde que su Legislatura derogó los antiguos edictos policiales.