La Justicia entrerriana citó a indagatoria al cura Justo José Ilarraz, en la causa que se le sigue por los abusos sexuales cometidos en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1993. El religioso está acusado de haber sometido sexualmente a alrededor de 50 chicos de entre 10 y 14 años, todos ellos internados como pupilos en el seminario del que era prefecto, y cuyas acciones eran conocidas por las autoridades, que lo sometieron a un juicio diocesano pero ocultaron a la Justicia Penal lo que había sucedido. Ilarraz, que vive en Tucumán, deberá presentarse ante la jueza Susana María Paola Firpo para brindar declaración indagatoria el 21 de abril, pero antes, del lunes al miércoles, también deberá someterse a peritajes psiquiátricos y físicos.

El acusado podría negarse a acceder a las pruebas, pero hasta ayer su representante legal no había hecho ninguna presentación en ese sentido. Uno de los querellantes, Marcos Rodríguez Allende, explicó que la citación es “un paso extremadamente importante porque nos encontramos en una causa penal que hace tres años venimos peleando jurídicamente, con distintos obstáculos que la defensa ha interpuesto en este proceso investigativo”.

La jueza Firpo, a cargo del Juzgado de Transición Nº2 de Paraná, también convocó a declarar al religioso Luis Alberto Jacob, quien fuera rector del seminario en el que, de acuerdo con la denuncia, se sucedieron durante casi una década los abusos contra los alumnos. Jacob era el superior de Ilarraz cuando era prefecto de disciplina, administrador y director espiritual de los jóvenes pupilos que cursaban el secundario en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo. Antes de 1985, fue vicerrector. Actualmente, es cura párroco en Nuestra Señora de la Piedad, de Paraná.

Por escrito, la magistrada ya recibió los testimonios de otros dos religiosos, el actual arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y el cardenal y ex arzobispo de Paraná Estanislao Karlic, aunque no la del obispo emérito Mario Maulión, que en 2004 permitió a Ilarraz trasladarse a Concepción, en Tucumán, para radicarse definitivamente.

La causa contra Ilarraz, caratulada “promoción a la corrupción agravada”, comenzó en 2012, cuando una de las víctimas, ya treintañera, se animó a romper el silencio y contar ante el fiscal de Cámara de Paraná, Rafael Cotorruelo, lo que había sucedido en el seminario. En la institución, Ilarraz tenía a su cargo unos 200 niños de primero y segundo año, que provenían de pequeñas comunidades rurales. Los testimonios daban cuenta de cómo el religioso, que acostumbraba pasar por las camas de los niños por la noche y, gradualmente, ganar su confianza para luego llevar a los elegidos a su propia habitación, también ejercía control contactándose con las familias de los chicos. Con esa estrategia, contó una de las víctimas, su palabra “era indiscutible en el seno familiar” hasta el punto de que era común ver que las madres “rezaban a la imagen de la Virgen, la imagen del Papa y al lado la imagen del cura Ilarraz”.

Poco después, el procurador general provincial, Jorge García, inició la investigación de oficio sobre los 50 posibles abusos denunciados. La causa recayó en el juez de Instrucción Nº 3, Alejandro Grippo, y el proceso llevó a que la Justicia Penal pidiera al arzobispado las actuaciones del juicio diocesano que se había seguido a Ilarraz. El religioso acusado, que ya residía en la localidad tucumana de Monteros, a donde fue trasladado tras el juicio diocesano, permaneció inhallable durante los primeros tiempos de conocida la denuncia.

Durante la investigación judicial, trascendió que, a principios de la década del ’90, en medios eclesiásticos circulaban rumores acerca de lo que Ilarraz hacía a los alumnos en el seminario. Por entonces, el arzobispo Karlic ordenó una investigación diocesana, que quedó a cargo del sacerdote y abogado Silvio Fariña y del vicario Alfonso Frank. Las actas del juicio diocesano nunca fueron elevadas a tribunales superiores ni se abrieron a la Justicia Penal, hasta el pedido del juez entrerriano. Además, Ilarraz fue enviado al Vaticano poco después y, luego, reasignado en Tucumán, donde se convirtió en párroco del barrio Ñuñorco, de Monteros, hasta que el caso trascendió en el semanario entrerriano Análisis Digital y pasó a la clandestinidad por un tiempo. A fines de 2012, con la noticia de la denuncia de las víctimas, el caso avanzó rápidamente en la Justicia. Sin embargo, los abogados de Ilarraz presentaron un pedido para que los hechos fueran considerados prescriptos, por haber ocurrido entre los ’80 y los ’90, pero haber sido denunciados recién en 2012.

En noviembre del año pasado, la Cámara de Casación Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos rechazó el pedido de Ilarraz y ordenó que avanzara la investigación. Antes de la resolución del STJ, las víctimas de Ilarraz difundieron una carta en la que reconocieron que “muchos son los afectados que en el silencio de sus reclamos, sean miedos propios o miedos a semejantes, quieren y hacen fuerza para desenmascarar a esta criatura humana, corrompedora de almas de gente humilde, creyente, trabajadora”. Mientras tramitaba el pedido de los defensores del cura, el procurador les pidió que dejaran “de comportarse como la parte más negra de la Iglesia Católica”.