Página/12 En Italia

Por primera vez en la historia y gracias a un acuerdo entre los dos estados firmado ayer, la Santa Sede se comprometió a ofrecer toda la información financiera que le sea requerida por Italia, para tratar de conseguir la máxima transparencia en sus operaciones económicas, un objetivo que se persigue desde hace algunos años pero que con el papa Francisco alcanzó un decidido y amplio empuje. Es el primer acuerdo de esta naturaleza que la Santa Sede establece con un Estado y fue firmado por el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados –virtual ministro de Exteriores de la Santa Sede–, monseñor Paul Richard Gallagher, y el ministro de Economía italiano, Pier Carlo Padoan.

Pero lo que dejó a muchos con un sabor amargo en la boca fue que el acuerdo reitera que las propiedades inmobiliarias de la Santa Sede en Roma y en otras zonas, llamadas “propiedades extraterritoriales” –estipuladas en principio por el llamado Tratado Lateranense firmado por el Vaticano y Benito Mussolini en 1929–, no deberán pagar al Estado italiano los impuestos inmobiliarios ni otras tasas. Muchos esperaban en cambio que las innumerables propiedades de la Santa Sede en Italia (según estimaciones no oficiales publicadas por la prensa italiana se trataría del 20 por ciento del patrimonio inmobiliario de todo el país) pagaran los impuestos en Italia y contribuyeran así a reducir las enormes dificultades económicas por las que atraviesa el Estado italiano.

Refiriéndose a los inmuebles extraterritoriales, monseñor Gallagher confirmó, en efecto, al diario vaticano l’Osservatore Romano que “el nuevo acuerdo reitera la exención de todo tributo, lo que recientemente había sido motivo de incertidumbre”.

Pero vayamos por partes. El acuerdo sobre el intercambio de información económica y financiera entre la Santa Sede e Italia es evaluado por el Vaticano como “un significativo paso adelante de la Santa Sede hacia el objetivo de la máxima transparencia en el campo financiero”, según monseñor Gallagher. El prelado recordó además el compromiso internacional de la Santa Sede que, a nivel de transparencia, vigilancia e información financiera, ha permitido desde 2010 la realización de significativas reformas. Entre ellas se encuentra la del banco vaticano IOR que, entre otras cosas, por primera vez en 125 años de existencia, el año pasado hizo público su balance y cerró las cuentas de unos 900 clientes porque no satisfacían los cánones de transparencia requeridos, como los controles antilavado de dinero.

Para el ministro de Economía italiano Padoan, el acuerdo de ayer fue un “paso adelante importante” que continúa el camino de la transparencia fiscal y “reforzará el mecanismo de la llamada voluntary disclosure”, es decir el retorno de capitales mantenidos en el exterior ilegalmente. Hay que recordar que, en décadas pasadas, el banco vaticano fue usado por empresarios italianos para fugar ilegalmente capitales al exterior y por exponentes de la mafia siciliana, para lavar dinero provenientes del tráfico de droga y otros comercios ilegales.

El nuevo acuerdo, además, respeta las normas de transparencia aprobadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCSE) y que Italia ya adoptó en acuerdos firmados recientemente con Suiza, Liechtenstein y el Principado de Mónaco, considerados hasta hace poco verdaderos “paraísos financieros” por muchos italianos que llevaban su propio dinero allí para evadir al fisco. El intercambio de información se hará desde 2009 en adelante y ofrece la posibilidad de regularizar el reingreso de capitales del exterior, con penas reducidas.

Si bien estos nuevos pasos hacia la transparencia serán aplaudidos, no lo será tanto el asunto inmobiliario, que despertó muchas críticas hace un par de años cuando el Estado italiano impuso un nuevo impuesto inmobiliario, el IMU, en un momento de profunda crisis económica. La gente sacó a relucir su rabia entonces porque cientos de propiedades del Vaticano, teóricamente dedicadas al culto o a actividades religiosas, que no pagarían impuestos por esa actividad, en realidad no lo eran. Se habla de conventos transformados en hoteles para el llamado turismo religioso, de seminarios o viviendas de religiosos convertidos en clínicas o casas para ancianos, y de internados escolares que durante el año escolar funcionan como tales y durante el verano son habitaciones para turistas, por dar sólo algunos ejemplos. Las cifras no oficiales –oficiales no existen– aseguran que la Iglesia posee de una u otra manera unos 115 mil inmuebles en el país, unas 9000 escuelas y más de 4000 hospitales y centros de asistencia.

En Roma, según las estimaciones hechas por el Grupo Re, que administra inmuebles de entidades religiosas, el Vaticano sería propietario de unos 23 mil terrenos, edificios, departamentos, negocios, oficinas, cuyos titulares son entes católicos, diócesis, congregaciones, etcétera. Lo cierto es que la policía financiera de Italia logró recuperar, entre 2005 y 2011, unos 9 millones de euros de tasas no pagadas, haciendo inspecciones en instituciones relacionadas con el Vaticano.