El CEO del Citibank en la Argentina, Gabriel Juan Ribisich, es la primera víctima de la inconducta en la que incurrió la entidad al pactar con el fondo buitre NML Capital el abandono de la custodia de los bonos de deuda bajo legislación argentina, para satisfacer una inconsistente resolución del juez neoyorquino Thomas Griesa contra el país. Ribisich fue inhabilitado ayer por el Banco Central de la República Argentina “para desempeñarse como representante legal y máximo responsable de la sucursal del Citibank NA” ante la autoridad monetaria. La resolución adoptada anoche por la dirección del BCRA, que conduce Alejandro Vanoli, que no tiene antecedentes en el sistema financiero argentino, se fundamenta en que “el señor Ribisich desconoció el marco legal vigente en la Argentina, en lo referente a las normas de orden público sobre reestructuración de deuda soberana y de ejecución de convenios celebrados con el extranjero”. En concreto, se lo responsabiliza por el convenio con el fondo de Paul Singer y por haber ejecutado, como consecuencia de aquel acuerdo, la comunicación a las entidades pagadoras a los bonistas europeos, Euroclear y Clearstream, de que en el futuro la sucursal local del Citi abandonaría las operaciones de custodia de bonos de los acreedores de la deuda argentina. El Citibank tendrá ahora 24 horas (que se cumplen el martes, tras el primer día hábil desde ahora) para reemplazar al representante legal desplazado o presentar un esquema de funcionamiento transitorio, ya que sin la presencia de esa figura no puede funcionar como sucursal bancaria, de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras vigente. Según trascendió anoche tras conocerse la resolución, el Banco Central dispondrá una inspección integral sobre el Citi e instalará, desde la primera hora del lunes próximo, un equipo de supervisión de la autoridad monetaria, que permanecerá allí mientras se extienda la actual situación irregular.

El Citibank fue la única entidad que, en su rol de custodio de títulos de deuda bajo ley argentina pertenecientes a sus clientes (locales y del extranjero), recurrió al juez Griesa para pedirle autorización para el pago de sus vencimientos. Es decir, para que el magistrado resolviera si formaban parte de la restricción de pago a los bonistas que impuso, por pedido de los fondos buitre, y a través de una insólita interpretación de la cláusula pari passu. El juez autorizó los pagos de julio, septiembre y diciembre de 2014, pero “por única vez”, como excepción y no por derecho pleno de los acreedores a cobrar. Pero trabó el del 31 de marzo, supeditado a que un eventual acuerdo entre el Citi y el fondo buitre NML lo habilitara. Este acuerdo llegó y las partes convinieron en pedir al magistrado la autorización del pago del vencimiento de marzo y el siguiente, de junio, a cambio del compromiso del Citi de apartarse en adelante de continuar en el servicio de custodia de los bonos. Y así se lo comunicó el Citi a los dos agentes pagadores en el exterior, Euroclear y Clearstream.

Las autoridades argentinas no sólo consideraron este arreglo violatorio de las leyes argentinas, sino que dispusieron quitarle al Citi la facultad de pago de los bonos y transferirla directamente a la Caja de Valores, para que ésta ejecutara el pago directamente a los bonistas. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Valores designó el 20 de marzo un veedor en el Citi para velar por la protección del derecho de los bonistas, al considerar que la puesta en ejecución del acuerdo mencionado “implicó un desconocimiento del carácter de orden público de las normas sobre reestructuración de la deuda soberana y supuso anteponer el interés particular de Citibank NA por encima del interés de sus clientes y del cumplimiento de las obligaciones locales en la República Argentina”.

Siguiendo el mismo criterio, el directorio del BCRA consideró anoche que “la actuación del señor Ribisich, al disponer la ejecución de un acuerdo homologado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York (a cargo de Griesa), sin considerar la situación de desprotección a la que expuso a usuarios de servicios financieros y la afectación de los sistemas de pago del país, e incumpliendo con las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras y demás normas reglamentarias, afectó su idoneidad para desempeñarse como el representante legal de una entidad financiera del exterior. La inconducta del señor Ribisich (...) resulta suficiente para sustentar la decisión del BCRA. La vulneración del orden jurídico vigente y la posible continuidad en el desarrollo de funciones directivas en aquella entidad financiera constituye una situación de extrema gravedad que torna necesaria la inmediata intervención del BCRA para evitar mayores riesgos sobre el sistema financiero local”.

El Banco Central intimó a que, en el término de las 24 horas posteriores a la notificación, el Citibank NA Sucursal Argentina “informe el esquema de delegaciones funcionales vigentes para el funcionamiento de la entidad”. Eso es, en ausencia o inhabilitación de su representante legal, quien lo sustituye en la transición hasta que proponga a otra persona en su cargo, que deberá ser habilitado por el Banco Central una vez que repase sus antecedentes en el sistema financiero, en materia penal, y se pida un informe a la UIF sobre la existencia de alguna denuncia o causa en su contra vinculada a lavado de activos. Según interpretaban fuentes legales del banco, la medida no es recurrible, “ya que no se trata de una sanción sino que se revoca una habilitación”. Ribisich, según entienden, deberá dejar el cargo. Lo demás, sigue con final abierto.