La investigación sobre el destino del testigo Jorge Julio López, que permanece desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006, se ha caracterizado por su nulo resultado a partir del boicot de las fuerzas de seguridad auxiliares de la Justicia, sobre todo de las principales hipótesis. Una de ellas, la que conducía a los represores presos en la cárcel de Marcos Paz –entre ellos el genocida Miguel Etchecolatz que fue condenado por el testimonio de López, entre otros– fue frustrada por las irregularidades cometidas durante un allanamiento realizado en esa prisión en marzo de 2007, luego de que habían sido intervenidos los teléfonos que usaban los detenidos del denominado “pabellón de lesa humanidad”. Tal como informó Página/12 en ese momento, los investigadores encontraron tarjetas para telefonía celular, pero ningún aparato. Aunque las autoridades lo negaron, era obvio que los penitenciarios habían avisado a los represores sobre el procedimiento ordenado por el juez federal Arnaldo Corazza. Ocho años más tarde, seis de esos funcionarios del SPF fueron procesados por “omitir el control de los registros sobre visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Marcos Paz y obstaculizar la investigación por la desaparición de Jorge Julio López”. La fiscalía apeló la resolución del juez subrogante Laureano Durán, porque fueron procesados por el menos grave de los delitos que les imputaban.

Los fiscales de la unidad que investiga los crímenes del terrorismo de Estado cometidos en La Plata, Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira, pretenden que los entonces jefes de la sección visitas y correspondencia del penal de Marcos Paz, Diego González y Rubén Medina; su superior y jefe de la división seguridad interna, Aníbal Cuenca; el director de seguridad, Héctor Altamirano, y los jefes de establecimiento, Diego Díaz y Carlos Alberto Grassini sean acusados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuya pena alcanza los cuatro años de prisión. Ese tipo penal incluiría no sólo el incumplimiento de las leyes sino también omitir, rehusarse a hacer o retardar algún acto, como también sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar total o parcialmente registros confiados a la custodia de un funcionario público.

Las irregularidades descubiertas en la Unidad Penitenciaria Federal II de Marcos Paz ya venían siendo denunciadas por el colectivo Justicia Ya!, y los abogados querellantes Guadalupe Godoy y Aníbal Hnatiuk. Pero la causa comenzó cuando la Secretaría de Derechos Humanos dio cuenta de que había una directiva ilegal que beneficiaba a detenidos por crímenes de lesa humanidad, quienes tenían un trato privilegiado, así como sus visitas, y en lo referido a las llamadas telefónicas y al nivel de control que se les dispensaba. En efecto, durante el allanamiento comprobaron que había números telefónicos intervenidos en la investigación del caso López que no se correspondían con los que efectivamente usaban los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad. “No se informó (por parte del SPF) la totalidad de números ni fue exacta la ubicación de los que sí fueron informados”, recordaron los fiscales al momento de pedir la indagatoria de los penitenciarios, en octubre pasado.

“Es importante la medida (el procesamiento de los miembros del SPF), porque reconocen lo denunciado sobre los privilegios de que gozaban los represores en las cárceles comunes, algo que en ese momento negaba el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne, pero precisamente por eso hubiéramos deseado que la investigación llegara a mayores niveles de responsabilidad, por la gravedad de lo sucedido”, destacó Godoy en diálogo con Página/12. La sospecha era la existencia de un vínculo entre los represores presos y los sospechosos de haber secuestrado a López. Pero cuando los investigadores del juez Corazza llegaron a Marcos Paz tanto los presos como los agentes del SPF sabían que tendrían visitas. Nada parecía estar en su lugar. El fiscal Sergio Franco comprobó que había líneas telefónicas, nunca informadas por el SPF, que utilizaban los represores allí alojados, y detectó que los libros de guardia que debían reflejar las visitas estaban “plagados de falsedades y omisiones”. Escribió el fiscal: “Han perjudicado la investigación a tal punto que se ha perdido prueba que podría haber sido fundamental para arribar a resultados positivos en la búsqueda de López y de los responsables de su desaparición. Ello es así, porque la investigación ha sido desviada hacia lugares inconducentes”. Y acusó a catorce miembros del SPF de haber cometido “falsedad ideológica de documento público, ocultamiento de información y abuso de autoridad”. Pero tras indagarlos Corazza les dictó la falta de mérito.

Desde que López fue visto por última vez, sus compañeros sobrevivientes de la dictadura señalaron a Marcos Paz como un objetivo a investigar. Sin embargo, fueron necesarios dos allanamientos para que la fiscalía verificara la complicidad del SPF con los represores que debía custodiar. El escándalo apenas rozó al ex ministro de Justicia Alberto Iribarne, a pesar de los insistentes pedidos de imputación de la querella, y la mayor consecuencia fue el relevo del entonces jefe del SPF, prefecto Hugo Soza.

La paradoja en la causa por la desaparición de López sigue siendo que no hay un solo detenido y ni siquiera una pista predominante que permita a los investigadores abrigar esperanza alguna para que el caso salga de la absoluta impunidad.