Los trabajadores de la línea 60 de colectivos cortaron ayer por la mañana por dos horas la autopista Panamericana en su cruce con la ruta 197, en la localidad bonaerense de Pacheco, norte del conurbano, en el marco del conflicto por despidos con la empresa Monsa que impide el funcionamiento del servicio hace 26 días. Ante un gran operativo de Gendarmería, los choferes bloquearon hasta pasadas las 10.15 el tránsito en la mano a la CABA, con la excepción de un carril.

Según los delegados, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria “que no resolvió el conflicto de fondo y deja de lado los reclamos iniciales”, como las condiciones laborales que, sostienen, “fueron modificadas en 2014 y están sin cobrar desde hace siete meses”. Los empleados denuncian sanciones arbitrarias, persecución y despidos y exigen además volver a cobrar el adicional del llamado Bono Monsa, que dejaron de percibir desde que pidieron un aumento en 2011 y que otorgaba una suma extra por presentismo más un franco.

El conflicto empezó en 2010, cuando el grupo DOTA se hizo cargo de la empresa Monsa de la línea 60 y comenzó a incumplir con las normas del convenio colectivo con cambios de horario que denunciaron como totalmente arbitrarios. “Se despidió a tres activistas sindicales: a uno se lo discriminó por padecer hepatitis, a otro se lo inhabilitó por cinco años por un accidente ocurrido en Maschwitz y sólo el restante fue reincorporado por una medida cautelar”, sostuvo el delegado Iván Iza en diálogo con Página/12.

“La empresa –sostuvo Iza– incorporó la figura de ‘cambio de tarea’ y con eso a los trabajadores con problemas comunes de salud, por ejemplo en las lumbares, se les delegaban tareas de inspección, carga de combustible o maniobrista. Este año, en medio de la paritaria, nosotros propusimos firmar un acta acuerdo para reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas, porque el nuestro es considerado trabajo insalubre, si bien nos jubilamos a los 55 años. La empresa no sólo estuvo en desacuerdo, sino que implementó planillas a reloj; esto significa que si hay una manifestación, y el chofer demora en hacer su recorrido en tiempo y forma, ese extra no lo cobra.”

Luego de una seguidilla de reclamos, hace un mes el chofer Ariel Benítez demandó a la empresa por “permanente hostigamiento” y fue despedido de inmediato. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó a la empresa reincorporarlo, pero cuando el empleado se presentó a trabajar, le prohibieron la entrada. Además enviaron 50 telegramas más de despido, lo que agravó la situación. “Dos días después del despido del compañero Ariel Benítez, decidimos salir a trabajar sin cobrar boleto, sin perjudicar a los usuarios”, relató Iza. La patronal realizó una denuncia penal por supuesta usurpación, que fue desestimada por el fiscal de Escobar, Gustavo Serradoso, quien se apersonó a la cabecera de Maschwitz y constató que no se trataba de una cuestión penal, sino que era un conflicto de naturaleza gremial, y por eso quedó desestimada la denuncia. Monsa decidió entonces descontarles días a modo de castigo y el conflicto recrudeció.

Entre tanto, la jueza federal María Servini de Cubría dispuso que los colectivos no podían salir sin ser previamente chequeados técnicamente. “La jueza pidió vallados y militarizó la zona. Estamos rodeados por la Guardia de Infantería. Es mentira que nos opongamos a la verificación –dice Iza–. Eso es un ardid de la empresa. Nosotros no queremos quedarnos sin colectivos, que son nuestra herramienta y por lo que 22 compañeros aún resisten en pleno derecho a huelga en sus puestos de trabajo; por suerte ahora tenemos contacto con nuestros abogados, podemos rotar y permanecer en la planta con el apoyo de familiares y de nuestras esposas, que armaron el grupo Mujeres de la 60 y acompañan nuestro reclamo acercando alimentos, cobijas y medicamentos en un fondo de lucha. Los baños y los comedores de las terminales están en pésimas condiciones de salubridad.”