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“Tenemos la íntima convicción de que lo que dijo (el cabo) Adrián Montenegro podía ser verdad porque el operativo en Los Polvorines fue poco claro, pero no se pudo encontrar quién avalara la declaración y la causa tuvo que ser cerrada.” El fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola, confirmó el fin de la investigación de un procedimiento realizado en agosto de 2000 donde murieron acribillados tres presuntos delincuentes y un suboficial de la Policía Bonaerense, durante una persecución tras un robo a la sucursal de la Banca Nazionale del Lavoro de Talar de Pacheco. El cabo Montenegro, que tuvo que irse del país por las amenazas que recibió, ratificó desde Boston, donde hoy reside con su familia, que la llamada masacre de Los Polvorines fue una “operación” de la Policía Bonaerense para “mejorar su imagen”. También aseguró que un senador provincial y un funcionario de la procuración intentaron darle “una coima” para que dejara de acusar al ex jefe de la Bonaerense Eduardo Martínez y al ex ministro de Seguridad provincial Ramón Orestes Verón.
El ataque de Montenegro se centró en el senador radical Jorge Martínez y en el secretario de la Policía Judicial bonaerense, Jorge Amorín, quienes negaron terminantemente toda supuesta intención de interferir en la marcha de la investigación. Desde Boston, donde vive con su mujer y sus tres hijos dentro del programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Montenegro sostuvo que “la corrupción llega a tal punto que cuando yo estaba en el programa de Protección a Testigos, el senador Martínez y Amorín, un hombre de confianza de la procuración, me ofrecieron dinero para que cambiara mi declaración”.
Una idea exacta de lo que fue la masacre de Los Polvorines la brinda el hecho de que los tres presuntos autores del robo al banco, Eduardo Leguizamón, Sergio Torres y Fabio Bricela, recibieron cada uno entre 50 y 70 impactos de bala, al quedar rodeados por unos 250 efectivos de la Policía Bonaerense que llegaron al lugar desde todos los rincones de la provincia. También se planteó con fuerza la hipótesis de que el sargento primero Julio Sánchez, que también murió en la balacera, había sido herido por sus propios compañeros. Esto no pudo confirmarse ni desmentirse, porque en el cuerpo de Sánchez no había quedado huella alguna del proyectil que lo mató y que podría haber sido disparado por una escopeta calibre 12.70, igual a las que llevaba el personal policial.
“A la causa la tuvimos que archivar, lo que no significa que no se pueda volver a abrir si aparecen nuevos elementos. Fuera de los dichos de Montenegro, no se pudo encontrar nada que lo avalara, más allá de lo que fue nuestra íntima convicción de que estaba diciendo la verdad”, explicó a este diario el fiscal Chichizola. “Esta fue una causa muy seria, muy grave, porque nada de lo que pasó tenía la presunta claridad con la que intentó presentarse ante la opinión pública”, recordó el fiscal. En su momento, el ex ministro Verón presentó el operativo con gran alharaca, en un momento en que la Bonaerense pasaba por una de sus cíclicas crisis provocadas por una conjunción de ineficacia y corrupción interna.
“Faltó solidaridad en mucha gente del barrio (una villa de Los Polvorines) que no se animó a convalidar la hipótesis de trabajo que teníamos y que se nutría de una serie de situaciones extrañas, anormales, que rodearon a todo el procedimiento”, insistió Chichizola. El fiscal también fue cuestionado por Montenegro, quien aseguró que ni él ni el ex embajador argentino en el Uruguay, Juan Manuel Casella, le habían brindado la protección necesaria. En abril de 2001, poco después de hacer la denuncia contra la cúpula policial, Montenegro fue amenazado de muerte y lo mismo ocurrió con su hermana, Alejandra Montenegro, también miembro de la fuerza de seguridad, y contra su padre, que finalmente tuvo que dejar su casa en el Gran Buenos Aires y volver a Misiones, su provincia natal.
“Teníamos y tenemos muchísimas dudas, incluso sobre la muerte del sargento Sánchez, pero los puntos oscuros no pudieron ser develados ynunca llegamos al autor del crimen. Ni siquiera pudimos tener todas las armas que fueron utilizadas ese día”, precisó Chichizola. En su denuncia, el cabo Montenegro había asegurado que en la fuerza se corría la voz de que el sargento Sánchez “tenía muchas cosas que decir respecto de un alto jefe policial y era un hombre peligroso por lo que sabía”. El cabo Montenegro pudo salir del país gracias a la ayuda recibida de parte de otros legisladores, entre ellas la diputada Graciela Podestá.