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Los huesos de la reserva ecológica del señor de los espías se están convirtiendo en un boomerang para el juarismo. La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas pronunció por primera vez en el juzgado de La Banda las sospechas que se venían rumoreando desde hace días: la reserva ecológica de Musa Azar no sería otra cosa que un cementerio privado y un campo de detención y torturas de la dictadura militar. La entidad pidió la preservación de todos los restos óseos y la inclusión en la causa del equipo de antropólogos forenses que trabajó con las Madres de Plaza de Mayo. Y denunció la “co-responsabilidad” de Carlos Juárez de la situación de La Dársena. Lo hizo el mismo día en el que el gobernador usó uno de los diarios locales para intentar despegarse de toda mancha: “Jamás hemos alentado –dijo– ni alentaremos a funcionario alguno que conspire contra la ley y los derechos humanos”.
La solicitada que motivó el escrito de los Familiares es, en realidad, uno de los mecanismos usados por Carlos Juárez para desprenderse de las derivaciones que podría tener la apertura de una investigación sobre las dimensiones de las bandas de policías definidas como “grupos de tareas” que terminaron involucradas en el doble crimen de La Dársena. “Conozcamos la verdad”, dice Juárez como título de la solicitada publicada por los dos matutinos más importantes de Santiago. A lo largo del mensaje, el caudillo le va sacando punta a su carrera, a su historia de exiliado, al compromiso que tiene con el servicio, a esa inolvidable frase: “Dentro de la ley todo; fuera de la ley, nada”.
“A través de cinco gobiernos de justicia y de progreso he procurado permanentemente que la transparencia fuera su característica más notoria”, señaló. Por eso, recuerda, el mismo día que se difundió el “vituperable crimen de La Dársena yo y mi esposa, la gobernadora, requerimos públicamente la más extrema investigación para que se llegara a individualizar a los autores materiales ‘fueran quienes fueran’”.
¿Y Musa Azar? Para la Asociación de Familiares, Carlos Juárez es “co-responsable” de los delitos cometidos por el hombre que comandaba la Secretaría de Informaciones porque, aseguró ayer, “de ninguna manera podía ignorar la existencia de estos delitos y el accionar de Musa Azar”. En virtud de ello, ahora analizan una denuncia contra el ex gobernador por “terrorismo de Estado” por las responsabilidades que le cabrían no sólo por la actuación de Musa Azar sino por la desaparición de personas antes de la instalación de la dictadura militar. “Acá los secuestros empiezan durante el ‘75, cuando Juárez era gobernador”, le explicaba ayer a este diario Antenor Ferreyra, uno de los representantes de la organización.
Esos rastros son los que suponen podrían estar enterrados en el Arraga, esa reserva ecológica cubierta por animales de mil especies distintas por donde aparentemente transitaron los cuerpos de Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba. Para los Familiares, el sitio –definido como “zoo del terror”– no sería otra cosa que “un cementerio privado y un campo de detención y torturas”. En el escrito presentado ayer ante la jueza María del Carmen Bravo exigen entre otras medidas: la preservación de todos los restos humanos que se descubran con motivo de las investigaciones que se lleven adelante en la causa y la incorporación de peritos antropológicos y forenses que hayan trabajado en las causas promovidas por las Madres de Plaza de Mayo para identificar los restos humanos encontrados.
El peso de los elementos que están apareciendo en el zoo desde que comenzaron los distintos trabajos de rastrillaje y excavación aún no están definidos legalmente. Hasta ahora, fueron revisados por traumatólogos, veterinarios y médicos aportados por los abogados de los familiares de las víctimas del doble crimen y por el cuerpo de médicos forenses de Santiago, denunciado por una serie de irregularidades cometidas durante esta misma investigación.
Por esa razón, la intervención del equipo de antropólogos propuestos por la Asociación garantizaría la certeza de los diagnósticos de los peritos en un momento donde hasta la detención del ex comisario Musa Azar se lee en clave política: “Han tirado hasta ahora un perro gordo como Musa, es significativo, pero si queda ahí es sólo un maquillaje”, decía ayer en la mesa uno de los integrantes de Familiares e interpretó el proceso de investigación del doble crimen como parte de “un trabajo de autodepuración que lleva adelante una parte del Poder Judicial para espantar el fantasma de la intervención federal sobre ese terreno”.
Para todos, la detención de Musa es central e importante, pero siguen mirando de cerca los movimientos de la jueza. “El aparato de represión de Musa –sostuvo Ferreyra– fue formado por Juárez en el ‘74, se perfeccionó durante la dictadura y se mantuvo después, durante estos últimos cuatro años, para preservar la concentración de la riqueza.” En ese contexto, el abogado recordó las 14 denuncias penales por enriquecimiento ilícito contra Juárez y contra Néstor Ick, uno de los empresarios locales. Todas situaciones que están en suspenso en los andariveles de la Justicia.