La Corte Suprema de Justicia les ordenó ayer a la empresa minera Barrick Gold y a los gobiernos nacional y de San Juan que presenten informes sobre las medidas de “prevención y protección del ambiente” en el emprendimiento Pascua Lama que se realiza con Chile en plena cordillera. La disposición unánime de la Corte surgió en respuesta a la causa que inició el ciudadano sanjuanino Ricardo Marcelo Vargas, quien pidió determinar si el proyecto contamina la zona periglacial del macizo andino, donde se busca extraer oro con una mina a cielo abierto. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda firmaron un acuerdo unánime para pedir al subgrupo de Trabajo de la Nación creado para temas de Seguridad Minera y Medio Ambiental, a San Juan y a la empresa que informen “las medidas dispuestas de prevención y protección del ambiente en el marco del proyecto minero binacional Pascua Lama”. La Corte pidió informes sobre el “monitoreo de glaciares y recursos hídricos y del estado de las piletas de sedimentación, de las obras de manejo y captación de agua y del dique de cola”. El requerimiento de la Corte, en respuesta a la demanda de Vargas contra el estado de San Juan por posible daño ambiental, fue el paso previo a definir su competencia en esa causa. Además, la Corte informó que para tomar esta decisión se basó en la Ley General del Ambiente que dispone que “los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional” y “que el tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta”.