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La Cámara de Casación revocó sobreseimientos y ordenó proseguir la investigación por presunta reducción a la servidumbre de inmigrantes ilegales en talleres textiles de la Ciudad, al considerar que la habilitación asignada por el gobierno porteño a esos locales no convierte en legales las condiciones de las personas que allí trabajan.

La causa se inició el 16 de marzo de 2012 por la denuncia de un testigo que ante la Policía Federal señaló haber trabajado como costurero “cama adentro”, con largas jornadas laborales, sin días de franco y junto a otros once ciudadanos bolivianos.

Si bien en un primer momento la jueza federal María Servini de Cubría había procesado a los siete imputados por las condiciones de trabajo de varios talleres ubicados en Flores y Floresta, la Sala I de la Cámara Federal revocó los procesamientos y dictó “falta de mérito” para los imputados porque los talleres estaban habilitados por el Gobierno de la Ciudad.

Ante la imposibilidad de avanzar en la investigación, Servini de Cubría dictó los sobreseimientos, que fueron confirmados en segunda instancia pero apelados por la fiscalía. Finalmente, el Tribunal de Casación determinó que el hecho de que los tres talleres investigados contaran con habilitación municipal no resulta idóneo para descartar que los imputados hayan incurrido en el delito de reducción de servidumbre.