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El gobierno nacional estudia la posibilidad de liberar a 1500 efectivos de la Policía Federal, que en la actualidad custodian edificios de la colectividad judía y musulmana, para patrullar las calles porteñas y reforzar así la seguridad en la ciudad. La medida se tomaría en el marco de la seguidilla de asaltos a restaurantes registrada en las últimas semanas, en su mayoría en el barrio de Villa Urquiza. En adelante, los edificios pertenecientes a las colectividades serían custodiados por personal de Gendarmería.
Tras los episodios de violencia que se sucedieron en los últimos días en el barrio de Villa Urquiza, el Gobierno lanzó sus sospechas sobre una presunta mano policial detrás de los asaltos. Ayer, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, señaló: “Estamos viendo la posibilidad de liberar un número mayor de efectivos policiales para que estén en la calle permanentemente”.
La protesta de la gente en reclamo por más seguridad tuvo eco en las autoridades. “En eso estamos trabajando con el ministro Beliz. Hay afectados alrededor de 1500 policías, vamos a ver de ésos cuántos podemos liberar. No hay que olvidar que ya tenemos alrededor de 3 mil gendarmes ocupados en la provincia”, recordó Fernández.
El pedido de aumento de personal policial en las calles fue unánime en las diversas manifestaciones realizadas la semana pasada en Villa Urquiza, donde resonaron las denuncias acerca de la extrañeza del aumento del número de delitos. Tras el crimen de Juan Carlos Godino, asesinado de un balazo en La Farola de Villa Urquiza, la seguidilla de violencia tuvo su apogeo el viernes último, cuando, con muy pocas horas de diferencia, fueron asaltados una panadería, una pizzería, un maxikiosco y una bicicletería.
El jefe de Gabinete destacó: “Nos dimos cuenta de que hay una muy fuerte crítica sobre la gestión del anterior comisario, que los vecinos le atribuían a la remoción de ese comisario el comienzo de los delitos”. Al respecto, el funcionario reiteró sus sospechas de que un mismo lugar fuera asaltado tres veces en el término de poco más de 20 días y por “las mismas personas”, haciendo referencia al restaurante Plaza del Carmen.
A pesar de los 600 policías que el Gobierno ya destinó para la protección de restaurantes y lugares públicos porteños, Fernández afirmó que el Gobierno evalúa “la posibilidad de liberar un número mayor de efectivos policiales para que estén en la calle permanentemente”.
El Gobierno dispuso la elaboración de un informe referido a la actuación de jueces y fiscales porteños en cuanto a su capacidad de respuesta en la investigación de delitos. Además, apoyará la creación de una fiscalía descentralizada en el barrio, y vecinos y comerciantes se comprometieron a facilitar un local donde funcione.