El ex juez federal y de Ejecución de Salta José Antonio Solá Torino fue condenado ayer a seis años de prisión por haber cobrado una coima para levantar la orden de captura para un narcotraficante que continúa prófugo.

La condena fue dictada por el Tribunal Oral Federal salteño que consideró al ex magistrado autor del delito de “cohecho pasivo agravado”, aunque la pena no será de cumplimiento efectivo hasta que el fallo quede firme. El condenado negó los cargos en su contra y afirmó que se trata de una causa “armada”. En el debate, otros tres acusados fueron condenados mientras que el sindicado narco acusado de pagar la coima al juez, Miguel Farfán, fue declarado en rebeldía ya que no aparece por ningún lado.

El juicio contra el ex magistrado comenzó el 3 de noviembre último y estuvo a cargo de los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Gabriel Casas, quienes también le aplicaron a Solá Torino una multa de 90.000 pesos. Sin embargo, para el condenado “no ha existido en ningún momento la plataforma fáctica”, por lo que para él no existe delito. “Nadie me pidió ni me ofreció nada a mí. Yo jamás he recibido nada”, expresó Solá Torino y aseguró que la voz de las escuchas telefónicas que lo comprometen no es suya, por lo que “en ningún momento” admitirá “la validez de esa prueba espuria, armada por la fiscalía” para perjudicarlo. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a casar la sentencia”, agregó el condenado, quien insistió en su no no y no de “ajenidad absoluta” con el hecho que le imputan y señaló que nunca se comunicó con Farfán.

En tanto, los otros tres condenados, Héctor Salazar, Graciela Ferreyra y Gabriela Vázquez, recibieron una pena de tres años de prisión y una multa de 30.000 pesos para cada uno por ser considerados “partícipes necesarios” de “cohecho activo”. De los cuatro sometidos a juicio sólo Ferreyra irá a prisión ya que fue declarada reincidente por el tribunal. En su fallo, los jueces impusieron reglas de conductas a Salazar y Vázquez, entre ellas, la realización de trabajos comunitarios, y fijaron la lectura de los fundamentos para el 7 de abril próximo.

Antes de conocerse la sentencia, Solá Torino pronunció sus últimas palabras ante el tribunal y negó los cargos en su contra, al tiempo que aseguró que desde hace seis meses su familia y él viven “un tormento” a raíz de esta causa. Además, al retirarse de los Tribunales, el condenado consideró el veredicto como “un insulto a la justicia” y dijo a la prensa que “quedó demostrado acabadamente en el proceso mi total desvinculación con la acusación, que tiene matices especiales de la fiscalía, una perversa enemiga de este juez de cámara”.

La fiscalía había solicitado en su alegato nueve años de prisión para Solá Torino, cinco años y dos meses para Salazar, cuatro años y diez meses para Ferreyra, y cuatro años y seis meses para Vázquez, mientras que los tres defensores de los acusados solicitaron la absolución. En ese sentido, después de la lectura del fallo, el fiscal federal Ricardo Toranzo, que actuó en la investigación y en el juicio como coadyuvante de su par Francisco Snopek, dijo que se trata de “una buena sentencia”.

De acuerdo a la investigación, Farfán estaba relacionado con Salazar, quien a través de Ferreyra y Vázquez, madre e hija, tenía acceso al despacho de Solá Torino y gestionaron la coima. Farfán había sido condenado en 1999 por narcotráfico y estaba prófugo desde 2003, cuando no regresó de una salida transitoria.

Durante el juicio se analizaron más de 200 comunicaciones telefónicas entre los imputados y el ex juez, destituido por mal desempeño de sus funciones. En el marco de esas escuchas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) advirtió que Farfán, Salazar, Ferreyra y Vázquez conversaban constantemente sobre las gestiones realizadas ante “El Gordo” para dejar sin efecto la orden de captura que recaía sobre el primero. Farfán manifestó que ya estaba cansado de las distintas exigencias del tal “Gordo” y lo identificó como Solá Torino, juez de Ejecución de Sentencia, a quien dijo que le había pagado para el levantamiento de su captura. Según la fiscalía, el presunto narco prófugo admitió que fue “engañado porque inicialmente le entregaron un ‘oficio’ en el que si bien se le levantaba la captura, existía consignado un error en el último número de su documento de identidad, por lo que reclamaba que se hiciera uno nuevo”.

Por otra parte, Farfán también está imputado en la causa que involucra al suspendido juez federal de Orán, Raúl Reynoso, procesado por conformar y liderar una asociación ilícita que, desde el propio juzgado y con la intermediación de un grupo de abogados cercanos, cobraba coimas o dádivas para beneficiar con gestiones judiciales a narcotraficantes.