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La historia es, a esta altura, bastante conocida. Luego de la cesación de pagos de 2001, final trágico y traumático, de 25 años de políticas neoliberales, el gobierno kirchnerista realizó una muy buena renegociación de la deuda y, a través de los canjes de 2005 y 2010, se logró acordar con el 93 por ciento del total de los acreedores, con una quita del 67 por ciento implicando el reconocimiento de una deuda de 30.000 millones de dólares.

Las presiones ejercidas por los fondos buitre, es decir, aquellos fondos que compraron a precio de remate los bonos de deuda que no habían entrado a las renegociaciones, lograron en julio de 2014 que el conocido juez de los tribunales de Nueva York, Thomas Griesa, dictaminase el congelamiento de más de 500 millones de dólares que estaban destinados a pagar (como se venía haciendo sin excepción) a los bonistas que habían aceptado las renegociaciones hasta que la Argentina no le pagase a los fondos buitre lo que demandaban.

El Gobierno respondió en septiembre del mismo año con la Ley de Pago Soberano que autorizaba a que se pague en la Argentina a aquellos bonistas que Griesa les impedía cobrar. Precisamente la mencionada ley y la denominada Ley Cerrojo (2005), que impedía el ingreso de nuevos acreedores una vez finalizado el canje de 2005 y fuese suspendida su aplicación temporalmente durante el canje del 2010, ambas hoy plenamente vigentes, son las que deben ser derogadas por el Congreso a fin de poder materializar la propuesta de pago del gobierno argentino.

Las cifras que se dieron a conocer de la oferta, más bondadosa que la que los propios fondos buitre ofrecían al anterior gobierno según lo mencionado por Axel Kicillof en este mismo diario, hablan por sí solas de la necesidad imperiosa de la gestión macrista de cerrar lo más rápidamente posible el tema para poder así... volver a endeudarse.

Si los bonistas que aceptaron las renegociaciones del 2005 y 2010 habían sufrido una quita del 67 por ciento y se les pagó con bonos; los especulativos fondos buitre (en realidad el 85 por ciento de ellos dado que el 15 por ciento todavía sigue pendiente) cederán (eufemismo de ganar menos) sólo el 26 por ciento y cobrarán en efectivo. Para realizar el pago en efectivo a este 6 por ciento de los bonistas se emitirá aproximadamente deuda por 15.000 millones de dólares mientras que para pagar al 93 por ciento se había emitido deuda por 30.000 millones. Algunos economistas mencionan que, teniendo en cuenta que los fondos buitres compraron los bonos a un cuarto de su valor, se les estaría reconociendo 10 veces más que lo que se le pagó al 93 por ciento restante.

Es importante destacar que, más allá de la obscena cifra que se les pagará a los fondos que acepten la propuesta argentina, tanto el resto de los acreedores que queden afuera del acuerdo como los que aceptaron los canjes del 2005-2016 podrán plantear sus objeciones y encontrar algún juzgado norteamericano que haga lugar a las mismas. De hecho, estos últimos tendrán razones más que fundadas para demandar a una Argentina que les prometió que nadie recibiría una oferta mejor que la que se les había ofrecido a ellos, a pesar de que la cláusula RUFO, que otorgaba este privilegio, haya vencido.

Tener la intención de cerrar el conflicto con los fondos buitre no es un tema aislado sino, por el contrario, es parte de un proyecto claramente neoliberal en lo económico y neoconservador en lo político, que necesita abrir un nuevo ciclo de endeudamiento para la Argentina. Muy lejos van quedando, en estos primeros tres meses de gobierno macrista, ese intentar (aun a veces sin buscarlo) “vivir con lo nuestro” que pregonaba Aldo Ferrer, el apoyo de 136 países en las Naciones Unidas a los principios de reestructuración de deudas soberanas impulsados por la Argentina, años de desendeudamiento (relación deuda/PIB) y sustantivas mejoras en la composición (moneda y tenedor) de la deuda logrados durante el kirchnerismo.

Larga, triste y cercana es la historia del endeudamiento argentino y sus víctimas silenciosas, las clases populares. Dice el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, que necesita endeudarse para no realizar un ajuste. Pronto dirá, más temprano que tarde, que necesita ajustar para pagar la deuda.

* Colectivo Educativo Manuel Ugarte (CEMU).

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