El fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, y el fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaefer, denunciaron a su par de Paso de los Libres, Benito Pont, por la sospecha de que obstaculizó investigaciones sobre una organización dedicada a la trata de personas y explotación sexual que opera en locales nocturnos y un hotel de esa ciudad correntina. Los funcionarios judiciales requirieron la instrucción formal de la denuncia por al menos cuatro delitos agravados: prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento a los deberes de funcionario público, encubrimiento y coacción agravados. En todos los casos, serían delitos vinculados con las investigaciones judiciales sobre la organización de cuyas redes, en lo que va de 2016, fueron rescatadas 19 mujeres. Este diario pudo saber, además, que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmó una resolución para llevar adelante una auditoría en la fiscalía a cargo de Pont.

La actuación del fiscal federal Pont está cuestionada porque intervino en por lo menos tres causas judiciales que investigaban las operaciones de los prostíbulos “Puro movimiento”, “Balizas” y “Momentos”. El funcionario judicial lo hizo aún sabiendo que este último local, un hotel, era propiedad de su cuñado, José Viero –que tuvo “un cargo de alta jerarquía” en Gendarmería–, y que en los papeles era regenteado por su ex socia, Clelia Espada (la mujer había sido socia del fiscal Pont en una sociedad constituida en 1989 y es la esposa de otro ex socio de él, Ricardo Aguirre, quien también está involucrado en la organización de trata y explotación). Pont podría haberse inhibido y no intervenido en el expediente, precisamente, por sus nexos con dos de los involucrados. En lugar de eso, les daba trámite y dejaba correr el tiempo para, bastante después, declararse incompetente con el argumento de que sólo se trataría de delitos de explotación sexual; finalmente, derivaba los expedientes a la jurisdicción provincial.

La acusación de Colombo y Schaefer repasa lo sucedido con esos casos y señala que Pont investigó esos lugares dedicados a la explotación sexual durante años, pero siempre “sin éxito”. Ello podría entenderse, señalaron, a la luz del hecho de que el fiscal federal que debía investigar resultó “ser amigo y socio comercial del dueño y administrador del hotel referido y cuñado de otro imputado que también estaría vinculado a la titularidad de este lugar”.

Desde que, en diciembre del año pasado, el fiscal Pont fue apartado de todas las causas por trata de personas que tramitan en Paso de los Libres, algo se destrabó. En la investigación judicial que tramita el expediente FCT 7789/2015/1, a cargo de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, se sucedieron los resultados: un allanamiento realizado el 10 de enero de 2016 terminó con la liberación de 12 mujeres víctimas de trata; otro llevado adelante el 30 de marzo rescató a otras 4; el lunes de esta semana, en dos allanamientos simultáneos en los que intervinieron la Justicia Federal, Gendarmería y la Oficina de acompañamiento a la víctima del Ministerio de Justicia de la Nación, fueron rescatadas 3 mujeres más. La investigación comenzó cinco años atrás.

La investigación terminó por identificar a los responsables –aunque aún, sospechan los fiscales, no a todos– de la organizacion dedicada a “captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual”. Los autores de esos delitos regenteaban las whiskerías “Puro Movimiento” y “Baliza”, en las que “se ofrecían y realizaban los servicios sexuales de las mujeres prostituidas”. Complementaban ese negocio con el funcionamiento del hotel “Momentos”, “en el que también se concretaban estos servicios y en el que, además, se alojaba a las víctimas previamente captadas y trasladadas para su posterior explotación, conformando así un único sistema prostibulario”.

Los fiscales Colombo y Schaefer señalaron que la investigación corroboró “que el fiscal federal Benito Pont, en su calidad de tal, habría realizado aportes para garantizar la impunidad de José María Viero (su cuñado) y Ricardo Aguirre (ex -socio comercial) y de los otros miembros de la organización, que consistieron tanto en maniobras omisivas como en acciones”.

El fiscal federal Pont lleva más de 30 años ejerciendo su cargo (fue designado alrededor de 1984, poco después de la restauración democrática); también supo ser candidato a intendente e interventor de la radio LT 12. No es la primera vez que su actuación despertó sospechas. En 2005, una investigación de este diario dio cuenta de sus intervenciones en causas sobre presuntos contrabandos, en las que el fiscal, al pedir al juez el secuestro de un camión, pedía “posibilitar la inducción a error por parte de los imputados”. La investigación también dio cuenta entonces de un mapa afectivo y funcional en Paso de los Libres: su esposa, Olga Viero, llevaba en esa época casi 30 años como secretaria privada del administrador de la Aduana en el lugar; su hermana, Victoria Pont, trabajaba también en Aduana; su hermano era despachante.