La Cámara de Diputados aprobó ayer por la tarde, con 229 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el proyecto de Acceso a la Información Pública impulsado por el Gobierno. La propuesta sumó al apoyo del interbloque oficialista, el de todos los sectores de la oposición con excepción del Frente de Izquierda y de un legislador peronista e incorporó algunas modificaciones durante su tratamiento, incluyendo una cláusula propuesta por Elisa Carrió para evitar que los jueces se excluyan de su cumplimiento (ver recuadro). Sin embargo, la iniciativa mantuvo un fuerte sesgo presidencialista, ya que el ente de aplicación estará controlado por el Poder Ejecutivo, a pesar de las críticas de asociaciones civiles a ese pasaje del texto. El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado.

Si se aprueba, la ley permitirá que todos los ciudadanos puedan solicitar información a cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, estableciendo la obligación de que el Estado responda ese pedido “en un plazo no mayor de 15 días hábiles”. En caso de que no se dé la información solicitada en tiempo y forma, se podrá interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo que se creará a partir de esta ley y que estará facultada para imponer sanciones a quienes no cumplan.

La naturaleza de esta Agencia causó algunos de los debates más ríspidos durante las cuatro horas de sesión que se dedicaron al tema. Algunos sectores de la oposición, a partir del pedido de organizaciones no gubernamentales que entienden en la materia, solicitaron que ese ente tuviera una conformación equilibrada que contemplara al Poder Ejecutivo y al Legislativo, ya que consideran que tal como se aprobó le da demasiado poder al gobierno central.

En ese sentido se manifestaron hasta ayer Fopea, Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles , Concepción Data, Fundación Conocimiento Abierto y Directorio Legislativo, entre otras ONG. “Creemos que el funcionario tiene que estar dirigido por concurso público”, planteó la directora de Fopea, Vanina Berghella. Por su parte, Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, insistió en que “en el caso del Poder Ejecutivo pedíamos que para la selección del funcionario y su remoción hubiera una mayor participación para el Congreso”.

Aunque no se pudo modificar esto, sí se introdujo una cláusula que permite que el Parlamento, a través de un dictamen vinculante de la Comisión Bicameral creada para controlar la aplicación de esta ley, remueva al director elegido por el Presidente. Otra modificación que se incorporó durante la tarde de ayer al proyecto original fue que se sumó, entre los sujetos obligados a responder en los términos de la ley, a “los concesionarios y operadores de los juegos de azar y apuestas”.

Durante la sesión, el diputado Pablo Tonelli, miembro informante de la bancada oficialista, consideró que la propuesta “tiene una importancia superlativa en la lucha contra la corrupción” y la radical Karina Banfi sostuvo que “en América Latina, Venezuela, Bolivia y Argentina son los únicos países que no tienen ley de acceso a la información pública”. En respuesta, la legisladora del Frente para la Victoria Diana Conti recordó que “en Argentina existían leyes secretas que dejaron de serlo de la mano de Cristina Fernández de Kirchner”.

Finalmente, el proyecto se aprobó con 229 votos a favor, provenientes de Cambiemos, el FpV, el Bloque Justicialista, el Frente Renovador, Progresistas y las bancadas más pequeñas. Los cuatro diputados del Frente de Izquierda votaron en contra: según argumentó el legislador Pablo López, se trata de una ley “de preservación de secretos” ya que no prevé el acceso a archivos sensibles que permanecen secretos sobre temas como la dictadura o la causa AMIA.