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El intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, sospecha que los policías de la Comisaría 2ª de esa localidad “pueden haber recibido coimas” de parte del dueño del depósito clandestino de pirotecnia, que explotó el viernes último, con un saldo de cuatro muertos y 16 heridos. “La comisaría está a dos cuadras del depósito y los vecinos aseguran que el patrullero estaba permanentemente estacionado frente al lugar de la explosión. Además, las personas que viven en la zona son testigos de cómo probaban la pirotecnia en la vereda. ¿Eso la policía no lo veía?”, se preguntó ayer el intendente, horas después de haber sido increpado por vecinos afectados por el estallido. Los habitantes del barrio donde se encontraba el depósito, que funcionaba como un mayorista de golosinas, le reclamaron la detención del dueño del local, Carlos Sotier, y denunciaron que los muertos serían siete, en vez de cuatro. En respuesta, Pereyra anunció el otorgamiento de subsidios y el alquiler de casas para los vecinos afectados.
Como contrapartida, el subcomisario de la 2ª de Florencio Varela, Miguel Angel Quinteiro, dijo a Página/12 que “no había patrulleros estacionados frente al comercio” y aseguró que “nunca vimos nada en la vereda”, a pesar de que la dependencia se encuentra a 200 metros del local. “La última persona que va a tener la palabra es el fiscal Ricardo Maidana; no sé por qué otras personas salen a hablar”, señaló Quinteiro, quien además sostuvo que “confiamos plenamente en todo el personal policial”.
El reparto de culpas no sólo estuvo dirigido a los policías sino también a los inspectores municipales de la zona donde está ubicado el local que, según adelantaron fuentes judiciales, en las próximas horas podrían quedar detenidos por presunto “cobro de coimas”. El último 29 de diciembre, los inspectores estuvieron en el comercio de Ombú al 600 y, a pesar de que no tenía habilitación, no clausuraron el depósito y ni siquiera mencionaron la existencia de pirotecnia en el acta. Actualmente, los inspectores “están imputados y serán procesados”, afirmaron las fuentes. Pereyra no sólo separó a los inspectores de sus cargos sino también al director de Fiscalización de la comuna, Gabriel Kell.
Sotier también podría quedar detenido en los próximos días si se comprueba la existencia de barriles de pólvora dentro del local de golosinas. La causa está caratulada como “estrago culposo agravado”, con penas de entre un mes y cinco años de cárcel. Pero la situación del imputado se podría agravar en caso de recaratularse la causa como “tenencia ilegal de explosivos”, cuya pena mínima es de cinco años y la máxima de 15, lo que lo hace no excarcelable.
“Se están esperando los informes de los peritos para saber exactamente qué fue lo que pasó y poder reunir pruebas”, indicaron las fuentes judiciales consultadas. Los informes de los peritos estarán terminados recién el martes que viene, pero no se descarta la posibilidad de que la Justicia resuelva antes su detención.
Durante una marcha realizada ayer en Florencio Varela, los vecinos denunciaron que serían siete los muertos del incidente y no cuatro, como afirmaron las autoridades. Unos 400 manifestantes marcharon hasta la sede de la Municipalidad para pedir la renuncia de Pereyra y acusar al concejal justicialista Antonio Suárez de “amenazar con quitarles planes sociales a quienes participen de la marcha para reclamar el esclarecimiento del hecho”. Martín Lescano, uno de los manifestantes, aseguró que las otras tres víctimas “eran adolescentes que trabajaban en el comercio y que vivían en la calle, por lo que ningún familiar los reclama”. Pereyra, sin embargo, ratificó que son cuatro los fallecidos y prometió que investigará “con el máximo rigor” las denuncias que señalan al edil Antonio Suárez. Además, reveló que el presidente Néstor Kirchner lo instó a “investigar a fondo”.
Pereyra anunció la entrega de 12 subsidios de 1200 pesos para los comerciantes damnificados y casas alquiladas para los vecinos que perdieron sus viviendas. El gobernador Felipe Solá también prometió ayuda.
Informe: Maricel Seeger.