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La revelación de Página/12 en la edición de ayer, en la que se mencionaba la convicción de los investigadores sobre la participación de uniformados retirados en alguno de los pasos del secuestro de Ernesto Rodríguez, provocó la reacción de las autoridades bonaerenses. El gobernador Felipe Solá y el ministro de Seguridad de esa provincia, Raúl Rivara, desmintieron ayer que existieran vinculaciones policiales con la banda. De todos modos, Solá reconoció que “hay algunos elementos llamativos en el caso” y admitió que llegó a conversar sobre esos elementos con el presidente Néstor Kirchner. Por su lado, Rivara confirmó que, tal como reveló este diario, “existió una prueba de vida” comunicada entre el 31 y el 1º. Fuentes de la gobernación aseguraron que Rivara se había reunido ayer por la tarde con el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, para tratar el tema. Las autoridades desmintieron datos genéricos. Pero confirmaron con su silencio los informes que señalan a un vigilador de una agencia trucha, exonerado de la Bonaerense, y a su hermano, suboficial en actividad.
Después de que a Ernesto Rodríguez, de 74 años, y padre del novio de Susana Giménez, El Corcho Rodríguez, lo secuestraran el 23 de diciembre por la mañana, Página/12 reveló el rol protagónico como testigo del caso del vigilador privado Carlos Reyes. Ninguna autoridad provincial respondió al informe de que Reyes había sido exonerado de la Bonaerense el año pasado, por el resultado de un estudio que ponía en riesgo sus aspiraciones policiales. Tampoco que el exonerado comenzó a trabajar en una agencia trucha de vigilancia privada constituida por uniformados retirados y en actividad, que ofrecía sus servicios de protección a los vecinos de General Rodríguez a razón de unos 25 pesos por vivienda. Ni que el tal Reyes actuaba en esa agencia bajo la supervisión de otro Reyes, su hermano, suboficial principal en actividad en la DDI de Mercedes.
Si no el secuestro, al menos la presencia de la agencia debía ser conocida tanto por el jefe de la DDI, Oscar Fritz, como el de la Departamental de Mercedes, Daniel Rago. Esto no fue desmentido, pero tampoco investigado por los hombres de Asuntos Internos. Al menos, ningún sumario abierto por irregularidades apareció como respuesta a esa versión. Al contrario, una fuente del riñón ministerial reveló a Página/12 que al suboficial en actividad Reyes lo corrieron de la DDI de Mercedes al Comando de Patrullas de Moreno, en el habitual método del freezer protectivo del incendio. No hay evidencias de que en AI exista ningún sumario abierto que investigue su actuación como vigilante público y privado.
Pese a que Rivara negó la existencia de zonas liberadas, todo indica que, como mínimo, las agencias truchas de uniformados cuentan con libertades geográficas. En relación con el secuestro, ninguna autoridad desmintió lo que reveló este diario sobre las sospechas concentradas en Reyes tras su extraño periplo como vigilador sin handy, que se tomó dos horas como mínimo para conseguir un teléfono para denunciar el secuestro del padre del Corcho. Denuncia que presentó ante la misma policía, o sea, ante su supervisor hermano y ahora protegido. Ayer, Página/12 reveló que en la fiscalía federal de San Martín hay quienes están convencidos de la participación de policías retirados (aunque lo de retirados sea un eufemismo). En términos tan genéricos, empañar la imagen de la Bonaerense tiene implicancias políticas. Y llegó la desmentida. Del padre del Corcho, ni noticias.