Entre 2010 y el primer semestre de 2015 en el área metropolitana de Buenos Aires, se registraron 20 femicidios ejecutados por policías. Entre las víctimas 13 fueron civiles y 7, policías. Todas fueron asesinadas con un arma de fuego, en varios casos con el arma reglamentaria, es decir, perpetrados por la complicidad del Estado que les provee la pistola. En 4 hechos, el agresor intentó simular que se trataba de situaciones de suicidio, tras manipular la escena del crimen, advierte el nuevo informe del CELS sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, en el capítulo sobre violencia de género, donde aborda la violencia institucional a la luz de la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Uno de los ejes que analiza es el problema del “estado policial”, es decir, la utilización del arma reglamentaria fuera del horario de servicio y sus consecuencias en términos de violencia machista. “El uso de la fuerza en hechos de la vida privada tiene un fuerte impacto de violencia de género en los hogares de policías, y muchos de estos conflictos terminan en la muerte de algún integrantes del grupo familiar, en general sus pareja o ex parejas”, señala el informe.

El CELS señala que los estudios sobre violencia de género coinciden en la necesidad de profundizar en la investigación de esta problemática, cuantificar el fenómeno y precisar sus particularidades. “Dentro de ese universo, la violencia hacia las mujeres por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad por cuestiones de género tiene escaso abordaje. Los datos denotan casos de asesinatos, de discriminación hacia las mujeres policías en el interior de las fuerzas de seguridad y de acoso sexual”, dice el apartado “Estado policial y violencia de género”, elaborado por Juliana Miranda, del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.

Si bien el informe de 2015 del Ministerio de Seguridad de la Nación “Análisis de la violencia de género a través de la gestión de denuncias e investigaciones policiales” no consigna la cantidad de personal de fuerzas de seguridad involucrados en hechos de violencia de género, “establece que es un problema en el interior de esas instituciones”, dice el CELS. Durante la gestión de la ex ministra Nilda Garré, se firmó la resolución 1515/2012, que sigue vigente y que prevé que al personal denunciado por violencia de género se le deberá retirar el arma de dotación al finalizar su jornada laboral. Según informó a este diario Carolina Barone, coordinadora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad, hay 222 efectivos de fuerzas de seguridad con esa restricción. Pero en la mayoría de las provincias no hay ninguna reglamentación que les restrinja el uso del arma cuando regresan a su hogar, cuando tienen denuncias en su contra por parte de su pareja o ex pareja.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad informó que durante 2014 se denunciaron 1158 hechos de violencia familiar protagonizados por miembros de la Policía Bonaerense.

El informe del CELS hace hincapié, además, en otra arista de la violencia de género en el ámbito policial: cuando la sufren las integrantes de fuerzas federales en el ejercicio de su trabajo. En ese sentido, refiere datos de una encuesta realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a efectivos (varones y mujeres). La cuarta parte de los varones reconoce que las mujeres viven más situaciones de discriminación en las fuerzas, mientras que entre las mujeres ese indicador aumenta al 62 por ciento. “Las situaciones de discriminación remiten a los condicionamientos que se enfrenta para ascender y participar en áreas o tareas, así como al uso desigual de sanciones injustificadas y el maltrato. Los hechos que las mujeres más denunciaron fueron modificaciones injustificadas en la distribución del tiempo laboral, haber escuchado comentarios o bromas discriminatorias y amenazas de retiro, baja y/o cambio de turno”, indica el CELS. Según los datos de la encuesta, el acoso sexual es más frecuente hacia el personal femenino: afecta a un 13,8 por ciento de las mujeres y a un 1,1 por ciento de los varones. “Con mayor frecuencia, esos hechos provienen de personal de mayor rango y rara vez se denuncian por canales formales”, revela el CELS. Casi la mitad de las encuestadas afirman que no denuncian por vergüenza y para evitar problemas, un tercio porque teme represalias que puedan afectar su carrera y cree que la denuncia “no sirve para nada”. Casi la mitad de quienes habían realizada una denuncia formal, dice sentirse ignorada por la institución, apunta el CELS; mientras que un 22,1 por ciento “menciona cuestiones como amenaza de sus superiores por no haber avisado en primera instancia antes de denunciar, cambios en el lugar de trabajo y derivación de la denuncia a otra dependencia.