La Justicia porteña hizo lugar “parcialmente” a una acción de amparo presentada por el Arzobispado para que el Gobierno de la Ciudad le pague alrededor de un millón y medio de pesos en concepto de aportes estatales a escuelas de gestión privada que fueron suspendidos entre marzo y septiembre de 2013. A principios de ese año, la administración de la Ciudad aseguró que suspendía la transferencia de esos fondos para hacer frente al pago de salarios docentes en los términos acordados por la paritaria. Al mismo tiempo que suspendía los aportes, el Gobierno autorizaba a esos colegios a aumentar el valor de la cuota mensual. El colegio de Liniers en nombre del cual accionó judicialmente el Arzobispado aseguró, sin embargo, que aún así la falta de esos aportes significó un perjuicio económico, por lo que reclamó que la medida “arbitraria e ilegal” fuera declarada inconstitucional, y pidió los fondos que habrían correspondido a un colegio confesional de Liniers. El Gobierno porteño se opuso, y alegó que, zanjada la emergencia, esos fondos serían “enriquecimiento sin causa” del establecimiento. El fallo de la jueza Patricia López Vergara, titular del juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, resolvió que la medida no fue inconstitucional, pero, sin embargo, ordenó establecer mediante un peritaje si la quita de esos aportes implicó daño económico para la institución.

Como propietario del Instituto Nuestra Señora de las Nieves, ubicado en la calle Ventura Bosch al 6600, el Arzobispado pidió que la Justicia declarara “la inconstitucionalidad de las resoluciones n° 1468/MEGC/MHGC/2013 y n° 481/GCBA/SSGECP/2013 y/o el cese de cualquier vía de hecho en la que se haya instrumentado el recorte presupuestario”. El organismo clerical reclamó que “se le restituyan las sumas detraídas”, que calculó en $1.567.466,15, considerando los aportes no recibidos entre marzo y septiembre de 2013.

La resolución de la jueza Vergara detalla que, en su presentación, el Arzobispado alegó que “la quita efectuada por el GCBA –que considera arbitraria e ilegal– desestabiliza a las instituciones educativas privadas porque no pueden hacer frente al pago de los salarios docentes, lo cual vulnera el derecho a la educación”. El Instituto “es un establecimiento educativo privado, con los niveles inicial, primario, secundario y terciario” al que concurren algo menos de 3 mil alumnos, “de los cuales 547 se encuentran bonificados”. En el establecimiento, “el porcentaje de morosidad es del 18 por ciento” y “la mayoría de los alumnos proviene de familias con escasos recursos, por lo cual la cuota escolar es sensiblemente baja”; además, de acuerdo con sus autoridades, “los aportes estatales recibidos los destina al pago del 80 al 100 por ciento de las remuneraciones y personal docente”.

Por otra parte, el organismo eclesiástico aseguró “a través de transcripciones parciales de un informe emitido por el Dr. Cassagne que adjunta, que el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires tiene como pilar esencial a las escuelas públicas de gestión privada”. Para el Arzobispado, el Gobierno porteño “no se encuentra autorizado a modificar el presupuesto” ni a modificar destinos de partidas previstas. El organismo sostuvo que “el aporte a las instituciones educativas constituye una obligación del Estado y un derecho adquirido para aquellas”, y que en el caso particular del colegio de Liniers aumentar las cuotas no era una solución porque las familias de los alumnos “son de bajos recursos económicos, por lo que no podrán afrontarlas”.

Por su parte, el Gobierno porteño pidió a la Justicia que declarara abstracta la cuestión, porque para el momento de su resolución judicial el problema ya no existía. Para el Ejecutivo de la Ciudad, “el aporte gubernamental es facultativo”, por lo que el Estado local “se encuentra facultado pero no obligado a otorgarlo”, y en todo caso “dicho otorgamiento se halla condicionado a la efectiva disponibilidad presupuestaria”, que es aprobada por la Legislatura. Por otra parte, “el Estado no tiene la obligación de mantener el mismo porcentaje de aporte año tras año”, y de todos modos la quita de esos aportes “no exime al propietario del establecimiento educativo de su obligación de pagar los sueldos de los docentes”, advirtió.

EL Arzobispado aseguró que el perjuicio económico de la quita de esos aportes fue mayor a lo calculado. Mientras que un informe de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) indicó que “el impacto sufrido por el Instituto de las Nieves es del 11 por ciento”, el organismo clerical aseguró que la reducción de los aportes “representa aproximadamente el 11,30 del total transferido” en comparación con los aportes recibidos en el año 2012. Por esa diferencia de 30 centésimos fue que la jueza Vergara indicó que un informe pericial haga “la dilucidación de un eventual exceso del porcentaje”.