El 3 de diciembre de 2015, exactamente seis meses después del primer #Niunamenos, la Legislatura porteña aprobó una ley para ampliar la cantidad de Centros Integrales de la Mujer que brindan asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, de los siete existentes a uno por comuna (quince) de la ciudad. Siete meses más tarde, no hay noticias de que la ley esté pronta a ejecutarse. No hay presupuesto planificado, fechas precisadas, ni lugares estimativos de dónde podrían ubicarse estos centros.

La ley 5466 fue resultado de uno de los proyectos surgidos bajo la impronta o el impulso de la histórica convocatoria que reclamó políticas públicas para que las mujeres no sigan muriendo a causa de femicidas y por la prevención contra la violencia de género.

Fue promesa de campaña del entonces candidato a jefe de gobierno Rodríguez Larreta, que supo capitalizar un reclamo que tenía años de recorrido dentro y más allá de la Legislatura porteña. Distintas organizaciones sociales del Parlamento de las Mujeres desde su nacimiento en 2012 presentaron proyectos pidiendo mayor presupuesto, fortalecimiento de los centros existentes y ampliación de los mismos. La Defensoría del Pueblo de la ciudad, mediante la recomendación N° 312/15 también se expidió en el mismo sentido.

Finalmente la ley fue aprobada en diciembre de 2015. En su artículo 1° dice que “Los centros integrales de atención funcionan bajo la órbita de los Centros Integrales de la Mujer (CIM), garantizando al menos 1 (uno) CIM por comuna hasta cumplimentar el máximo de 1 (uno) cada 50.000 (cincuenta mil) mujeres por comuna”.

Sin embargo preocupa lo que el ejecutivo porteño piensa hacer respecto de su aplicación. Más aún, en un contexto de “vaciamiento” de la Dirección General de la Mujer que vienen denunciando también desde hace años trabajadoras y trabajadores de esa repartición.

En la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura, el 13 de julio se aprobó un pedido de informes al respecto. Se trata del proyecto de resolución 1481 del diputado Marcelo Ramal, que pregunta lo que el movimiento de mujeres quiere saber:

“Informe cuáles son las medidas que se están llevando a cabo por parte de la autoridad de aplicación para el efectivo cumplimiento de la ley 5466 que prevé la creación de al menos un CIM por Comuna, y en qué instancia se encuentra su reglamentación.”

“Especifique el monto de la partida presupuestaria prevista para la ejecución de dicha ley para el período 2016.”

“Especifique en qué estadío se encuentra el relevamiento sobre posibles lugares donde se inaugurarán los CIM por Comuna. De existir definición sobre algunos de los inmuebles o terrenos donde se emplazarían, envíe las direcciones a esta Legislatura.”

“Indique la cantidad total de trabajadores/as requerida para el funcionamiento de cada nuevo CIM, discriminando por disciplina y especificando funciones.”

“Señale qué medio se utilizará para la contratación del personal profesional y no profesional que atenderá en cada uno de los Centros.” “Detalle si está prevista la apertura de concursos públicos.”

En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo hizo también un pedido de informes.

Mientras el ejecutivo se toma su tiempo para dar esta respuesta, los meses siguen corriendo, y se vendrá encima el tratamiento del presupuesto del año 2017, donde se deben destinar las partidas pertinentes para poder ampliar las acciones de la Dirección General de la Mujer. Presupuesto que viene disminuyendo en los últimos años, aún en relación a otras áreas sociales y que no se sabe en qué situación quedará dentro de un nuevo y más grande ministerio como es el de Desarrollo Humano y Hábitat.

Página/12 quiso consultar sobre este tema a la directora general de la Dirección General de la Mujer, Lorena Calzetta, quien derivó la consulta al área de prensa del Ministerio. Desde allí, informaron que nadie hablaría pero enviaron un comunicado de prensa como respuesta.

El texto expresa que hay un “firme compromiso de la Ciudad de continuar expandiendo los dispositivos de asistencia para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, contenerlas y brindarles herramientas para empoderarlas y rearmar sus vidas”. Y que “en el mes de junio, inauguramos una nueva casa de medio camino en el barrio Piletones. En este nuevo espacio, las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, son cuidados y reciben la atención y contención necesarias para atravesar esta situación”.

Según el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat: “Esto implica continuar trabajando articuladamente con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto ya que estamos convencidos que la única manera de modificar la cultura machista es mediante el involucramiento y apoyo de todos los actores sociales”.

Esta nueva casa se abrió en la fundación de Margarita Barrientos, creadora del comedor Los piletones, y afín al gobierno macrista. Pero más allá del ruido político que esto genera en algunos sectores, hay otro cuestionamiento: la tercerización de los servicios. Se discute el otorgamiento de subsidios “a organizaciones civiles” en “detrimento del presupuesto anual y consecuente desfinanciamiento de la Dirección General de la Mujer”, “derivando al sector privado esta responsabilidad indelegable del Estado”, como dice el comunicado de las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer, que cuenta con el apoyo del gremio Sutecba, y con el que están recorriendo distintos espacios políticos, sociales y de organismos de control, para visibilizar la situación.