Inés García Holgado sintió que el 14 de abril de 2010 tocaba el cielo con las manos. Fue uno de los días más felices de su vida porque, cuando en España se cerraron las puertas, Argentina fue un hilo de esperanza. En la familia de Adriana Fernández reinaba el silencio, a tal punto que su papá desconocía que a su padre (el abuelo de Adriana) lo había asesinado la falange por defender la República. Encontrar una vía para pedir justicia la ayudó a darse cuenta de quién era, de cómo venía su historia y pudo cerrar un círculo. Darío Rivas Cando reunió pacientemente documentos que acreditaron el crimen de su padre, Severino Rivas, alcalde del ayuntamiento Castro de Rei, fusilado por “traición a la patria” el 29 de octubre de 1936. En el 80 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, que en España será recordado hoy con una serie de actos y movilizaciones, Página/12 reunió por primera vez a los tres querellantes –que colocaron la piedra basal para que Argentina sea actualmente el único país del mundo en investigar los crímenes de la dictadura española– para conversar sobre el golpe de Estado de Francisco Franco contra el Frente Popular, sus perspectivas en el proceso judicial que lleva adelante la jueza María Romilda Servini de Cubría y el rol del gobierno de Mauricio Macri para impulsar la querella.

Darío Rivas recibe a sus compañeras en el barrio de Florida, en la casa que comparte con sus sobrinos. Lleva un traje marrón impecable. A sus 96 años, su memoria es fuente inagotable de datos, nombres y lugares; referencias todas que llevaron al hombre nacido en Lugo a la apertura de una causa en Buenos Aires por el asesinato de su padre, cuyo expediente inició la querella argentina. Rivas habla sobre el devenir de la causa. “Mientras esté el gobierno de (Mariano) Rajoy, España es un fracaso. Y mientras estuvo (Cristina) Kirchner también lo fue porque el embajador (Carlos) Bettini estaba influenciado por Felipe González, defensor de los capitalistas españoles herederos del franquismo”, afirma el jubilado lugués, y destaca que la jueza Servini se ha molestado enormemente.

En los cinco primeros años de la querella, según Fernández, se hizo mucho: hubo apoyos de todo tipo; a comienzos de 2016 se exhumaron los restos de Timoteo Mendieta, en el cementerio de Guadalajara, por un exhorto enviado por la jueza Servini; y querellantes españoles viajaron a Buenos Aires para brindar testimonio. “Nos sentimos como ejemplo para el mundo. Que en Argentina se abra una puerta para que se haga justicia por un genocidio silenciado durante casi ochenta años fue muy importante. Se avanzó de una manera que no pensé que se iba a lograr, pero ahora estoy viendo que la cosa se está frenando, tanto acá como allá”, concede la docente y representante argentina de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

En esa línea, García Holgado señala que en Argentina está todo muy parado. “(El presidente Mauricio) Macri estuvo desmantelando parte del centro de memoria, ya no hay tantos lugares para difundir la querella y eso perjudica el tema nuestro, de los derechos humanos. No sé si la jueza (Servini) podrá hacer cosas”, desconfía la abogada. Fernández advierte que la clave está en el vínculo entre el presidente Macri y el rey emérito Juan Carlos. “Lo que hemos visto hace unos días, esa relación tan cordial entre el ex rey de España y nuestro actual presidente prende un semáforo en rojo porque no sabemos si se va a poder avanzar cuando hay una relación tan estrecha entre el gobierno actual de Argentina y un cómplice de Franco, del genocidio.”

“¿Algún funcionario del gobierno de Macri intentó acercarse a ustedes?”, pregunta Página/12. “A la ARMH le sacaron los subsidios para las exhumaciones, entonces no me interesa tener diálogo con gente que apoya las políticas de Rajoy, cuya ideología ha llevado a un genocidio, porque me parece que no sería fiel a las ideas de mi abuelo”, cuestiona Fernández, y recuerda que sí fueron recibidos por funcionarios del gobierno anterior. “Actualmente, no tengo interés de reunirme con ninguno de ellos –señala Rivas–. Si Rajoy no sale del poder, no podemos hacer nada.” Aunque sea una vez, a la abogada argentina le gustaría ver al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, para conocer su opinión sobre la querella y ver “si se puede llegar a algo”.

Cierta vez, mientras compartía un almuerzo familiar, uno de los tíos españoles de García Holgado se levantó de la mesa ante un comentario suyo sobre la memoria histórica y las fosas comunes. En otra ocasión, ella abandonó la reunión cuando otro de sus tíos afirmó que la Guerra Civil se había dado por cuestiones personales. Eran tíos descendientes de un hermano de su abuelo paterno. “El único primo que era bueno y me apoyaba se murió con 56 años. Los otros son buenos pero no se mete ninguno. Ninguno ha militado. Intento que alguien de la familia de allá haga algo o se interese. Es una pena”, comenta la abogada. Con su abuela hablaban de los cuatro familiares represaliados; con su papá no tocaban el tema. Ninguno de los dos regresó a la tierra de origen.

Fernández viajó a España detrás de un sentimiento. Constantino Fernández García, su papá, la acompañó, más que nada, para que conociera la tierra en la que él había nacido, y no pensando que encontraría a su padre. Cuando llegó para exhumar los restos de su abuelo, Antonio Fernández (“El Cesterín”), la familia le preguntó por qué iba a remover un sentimiento olvidado, dijeron que no querían volver a sentir el dolor que habían pasado. Para Fernández, mientras su abuelo estuviera enterrado, sin que se supiera dónde, el dolor estaba presente. “Había que sacarlo de donde estaba, tenía que estar en el cementerio, en un lugar digno, no en el campo”, dice.

El Cesterín fue asesinado en San Esteban de Valdueza cuando el papá de la docente tenía un año. “A mi papá lo criaron diciéndole que su padre había muerto en una reyerta entre vecinos, no por defender un ideal. Es más, le dijeron que a lo mejor, por negligente, su familia había tenido que sufrir lo que pasaron”, agrega la querellante. El cuerpo de El Cesterín fue a parar a una fosa común. La denunciante pudo saber que Constantino Fernández García se pasaba horas mirando el lugar donde su padre estaba enterrado porque araba esas tierras. “Los paisanos siempre le recordaban que ‘ahí donde el pasto crece más alto y más verde está enterrado tu papá’. Por eso él reconoció el lugar enseguida, por más que hayan pasado setenta y cinco años”, evoca la mujer. A Antonio Fernández lo fueron a buscar con el camión de la muerte. Fue asesinado el 9 de octubre de 1936. Tenía 24 años. Sus restos fueron encontrados el 11 de octubre de 2011.

Durante la exhumación, a Fernández García le contaron que su padre había sido un héroe. Encontrarse con los restos y con una historia tan diferente de la que conoció le costó la vida. De regreso a la Argentina, murió por un cáncer fulminante. “Se cerró un círculo también para él. Las últimas palabras que dijo conciente fueron cuando miraba las fotos de la exhumación. ‘Acá está mi papá’, decía con orgullo, pero no lo decía en voz baja, o como algo muy lejano”, completa la querellante.

En opinión de Rivas, la gente no conoce el entrevero que dejó la Guerra Civil y el golpe de Estado. “La dictadura de Franco fue terrible, le pegó tanto al pueblo que lo dejó mudo. Mis hermanos nunca me hablaron de dónde estaba mi padre, pero ellos lo sabían. Consintieron decir que estaba en el cementerio de Puerto Marin”, dice el jubilado lugués. Cuando exhumó los restos de Severino, los hermanos de Rivas habían fallecido ya. García Holgado pide que se investiguen los asesinatos de Elías y Luis García Holgado, tíos abuelos fusilados; la muerte de Vicente García Holgado, su abuelo; y el destino que corrió su tío Vicente García Holgado (h), quien se presume desapareció en la batalla del Ebro. Los tres querellantes se abrazan y posan para la foto final. En los fondos de la casa de Florida, bajo un cielo plomizo de invierno, el pasto crece alto y verde.