“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada; no vamos a justificar acciones violentas pero vamos a ser cuidadosos con la investigación”, dijo el secretario de Seguridad de la Intendencia de Rojas, Miguel Núñez. La declaración, algo así como un ni, llegó después de que cinco uniformados de la Policía Comunal de Rojas fueron denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria, por apalear a un joven que intentó interceder para que dejaran de apalear a otro a la salida de un boliche, durante la madrugada del domingo pasado. El que participó con mayor energía le había disparado a su pareja apenas terminada su cursada como cadete policial, hace un par de años. Entre los cinco uniformados, una mujer policía le echó gas pimienta en los ojos al joven que intentó interceder, como para que aprenda que para prevenir están ellos. Núñez no aclaró a quién se refería cuando mencionó “fuera de la ley”, si a los polis denunciados o al joven apaleado por el brazo armado de la ley.

Entre las 5 y media y 6 de la madrugada del domingo pasado, al salir del boliche El Bien, ubicado en General Paz 423 y Avenida de Mayo, cuatro adolescentes se toparon con una escena que les llamó la atención. Un chico, al que conocen (en Rojas vale decir que se conocen todos) pasó por el lugar y cinco uniformados (dos hombres y tres mujeres) que estaban cerca lo empezaron a perseguir. Los cuatro salieron caminando hacia el lugar donde se habían perdido perseguido y perseguidores. Cuando llegaron se encontraron con que dos de los polis (los dos hombres, Carlos Boniardi y Jorge Farré) le estaban dando palazos a otro chico (no el perseguido, que ya había desaparecido), tirado en el piso, y las tres mujeres (Yamila Romero, Yanina Verdún y Lorena Tisera) observaban el accionar preventivo de sus colegas.

La vapuleada fue tan feroz que el grupo de chicos empezó a reprobar y uno de ellos se aproximó demasiado a las fieras a pedir que se detuvieran y que si el golpeado había cometido algún delito que lo llevaran detenido a la comisaría. Pretendió aplicar la lógica racional allí donde hierve la sangre, especialmente la de la víctima. Los polis se detuvieron. Es decir, dejaron de pegarle al del piso y se la tomaron con él. Uno de ellos, Farré, al que se le había escapado el tiro en dirección a su pareja, descargó una especial violencia sobre el chico.

Antes de los golpes, una de las mujeres (Romero) decidió intervenir en auxilio de sus dos masculinos y le vació el aerosol de gas pimienta en los ojos, con lo que no tuvo posibilidad de defenderse. Al pibe lo pudo sacar uno de sus amigos llevándolo a la rastra totalmente ciego y dolorido, y lo trasladó al hospital Saturnino Unzué. Allí lo atendió una médica, Diana Sánchez, quien luego de enterarse lo que había pasado les informó que levantaría un acta médica y que estaba sorprendida porque a lo largo de la noche habían sido hospitalizados cuatro o cinco chicos con los mismos síntomas de aplicación del brazo de la ley pimienta.

El martes, la madre del golpeado y cegado presentó una nota al intendente Claudio Rossi, radical de Cambiemos, a su secretario de Seguridad, el mentado Núñez, y al Concejo Deliberante, pidiendo el inicio de un sumario para aplicar sanciones. Una cita textual de la nota da el carácter del reclamo: “Personas (se refiere a los policías) que son capaces de cometer actos tan aberrantes como los descriptos, sin justificativo alguno toda vez que no estaban repeliendo ninguna agresión, sino golpeando a un joven indefenso con saña, y agrediendo a quienes les pedían que se detengan, no pueden ser confiables a fin de lograr la tan deseada seguridad que todos los vecinos anhelamos. Estos también son hechos de inseguridad, provocados por quienes deben prevenirlos. La policía esta para cuidarnos, no para reprimirnos porque le pedimos que cesen con los actos violentos y fuera de la ley que ejecutan.”

Y con un fuerte grado de sensatez preventiva, exigió que “se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad e integridad personal de mi hijo y de las restantes personas que fueron víctimas o testigos de dichas actuaciones. Temo que la denuncia que estamos iniciando, provoque represalias y hostigamiento de parte de los agentes policiales”.

La Comisión Provincial por la Memoria presentó el miércoles una denuncia penal por lesiones, torturas, abuso de arma y de autoridad, ante el fiscal general de Junín, Juan Manuel Mastrorilli, quien deberá ordenar a un fiscal para que investigue, y un inmediato informe médico y psicológico de las víctimas.

La información municipal parecía relatar otra historia. Según explicaron los de la Comunal a Núñez, intervinieron para detener una pelea entre 80 personas. “Ahí se acercaron más personas que increparon al personal policial y la policía intentó que depusieran su actitud”. Núñez agregó entonces su frase ni: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada; no vamos a justificar acciones violentas pero vamos a ser cuidadosos con la investigación”.