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Hace años que varios gobiernos municipales en la provincia de Buenos Aires han empezndo a ocuparse de la seguridad pública. Fue de a poco, sin un marco normativo e institucional que los ampare e impulsados por la demanda ciudadana, cuya puerta más cercana para golpear es la del intendente. El fracaso legislativo de un buen proyecto de policía municipal, en 2014, como consecuencia de la resistencia del massismo legislativo, no impidió que el entonces gobernador Daniel Scioli pusiera en marcha el actual esquema de policías locales, las Unidades de Prevención Local.

Un engendro que más allá de su uniforme distintivo –que los ha hecho cargar con el despectivo sobrenombre de “pitufos”– y de que se instaló mediáticamente como la “policía municipal”. En realidad, es un cuerpo de la Policía Bonaerense, sobre el que las autoridades municipales tiene alguna cuota bastante limitada y legalmente confusa de control real. Para los que conocen sobre el tema, los antecedentes de la Policía Comunal, la Policía Distrital y la PBA 2, entre otros, sobrevuelan como espectros sobre esta obra de ingeniería político-policial.

Recientemente un grupo de intendentes y legisladores del PJ, del FpV y del FR presentó un nuevo proyecto de ley para crear una Policía de Seguridad Municipal dependiente de la autoridad municipal. Su evolución dependerá de las intenciones y de la pericia política de los actores involucrados, de la situación de seguridad imperante y de los acuerdos que eventualmente se gesten. En definitiva, de la política y de la fortuna. Lo que sí está claro es que los intendentes, por su ubicación territorial y rol político, van a seguir en la primera línea de los reclamos vecinales y en consecuencia se van a tener que seguir responsabilizando de los asuntos de la seguridad pública. No parece haber marcha atrás en este sendero.

Más allá de las definiciones finales, la única manera que tienen los intendentes para que la seguridad pública y la policía no sea un asunto ingobernable, es generar una capacidad de gestión política efectiva e institucionalizada. Si el gobierno político local pretende ser el responsable de la seguridad municipal, entonces deberá dotarse de los instrumentos para asegurarse la capacidad de elaborar políticas, dirigir su implementación y evaluar el desempeño de las policías, efectivamente. Resumiendo: capacidad de conducción política de la seguridad. Generar ésta requiere diseñar estructuras orgánicas adecuadas, especializar funcionarios civiles, elaborar estrategias de seguridad y supervisión del desempeño policial, así como de otras dimensiones de la seguridad, como la prevención social del delito. Una tarea compleja y poco marketinera, pero que a la larga otorga soberanía política sobre estos asuntos, siempre ásperos y poco amigables.

En el caso en que sea posible concretar las Policías de Seguridad Municipal, un tema clave es su perfil organizacional y profesional. En nuestra tradición, las policías son organismos militarizados y generalistas, con tendencia a la autonomía, con controles externos ausentes o ligeros, con una doctrina de empleo estandarizada para enfrentar delitos violentos y para mantener el “orden público” y además son esencialmente reactivas en el control del delito.

La Policías locales son instituciones que existen para tratar con los problemas de violencia y delito que se expresan territorialmente y que impactan socialmente por su inmediatez y cercanía (el robo a mano armada, el arrebato, pungueo, etc). Además deben estar preparadas para intervenir ante problemas de violencia derivados de conflictos interpersonales, en los cada vez más recurrentes casos de violencia intrafamiliar y de género. También deben tener un enfoque de trabajo orientado a los problemas comunitarios y a interactuar con los vecinos y contemplar sus realidades y perspectivas.

Es decir, cuerpos policiales altamente especializados y efectivos, que no solo deben saber utilizar el arma, tener alguna noción de derecho penal y procedimientos, patrullar una cuadrícula y hacer la venia. No se trata solo de capacitación básica, de comprar equipamiento o inflar las dotaciones. Este desafío impone el desarrollo de una organización y de una modalidad de trabajo particular basado en la “proximidad”, así como de una de carrera profesional que asegure una trayectoria de formación “por competencias” y experiencias operativas focalizadas específicamente en esas materias. Además deben incorporar doctrinas modernas de policiamiento preventivo, hoy poco desarrolladas en nuestro país. Los gobiernos locales que quieran tener una Policía de Seguridad efectiva, deberán esforzarse por orientar a las Policía en esta dirección organizacional y profesional.

Las experiencias ya mencionadas que se han dado hasta ahora en la provincia de Buenos Aires no son auspiciosas y en este sentido hay que tener bien presente dos cuestiones, la incapacidad tradicional de nuestra política para abordar procesos complejos en materia de seguridad y policiales, con perspectivas de mediano plazo; así como el rechazo histórico de la corporación policial bonaerense para descentralizar o disgregar territorialmente su organización. Esta nueva posibilidad que se abre para intentar construir policías modernas, eficaces y democráticas no debería ser desaprovechada.

* Ex director de la Policía de Seguridad Aeronáutica - UMET-UNQ.