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Funcionarios de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) denunciaron que, en Tucumán, un juicio de trata para explotación laboral, cuyas víctimas son tres niñas de origen boliviano, y la situación de al menos diez mujeres rescatadas de organizaciones que se dedican a la explotación sexual no pueden resolverse porque la Cámara Gesell de que dispone la provincia no funciona desde hace siete meses. Esta herramienta, fundamental en este tipo de causas, “funcionaba en la delegación NOA del Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante un convenio entre esta institución y la Justicia Federal, pero a comienzos de este año se cerró esa oficina y ya no se la puede usar”, detalló Daniel Weisenberg, de la Protex, en vísperas del Día Mundial contra la Trata, que se conmemora hoy.

La Cámara Gesell es el mecanismo que establece la ley para utilizar en la instrucción de casos de trata para explotación sexual, cuando los testigos no pueden ser interrogados por las partes y necesitan, para declarar, contar con un entorno emocionalmente seguro y a cargo de profesionales psicólogos, de modo de evitar la revictimización.

De acuerdo con el último informe de la Protex, presentado a principios de este año y elaborado en base a las denuncias recibidas a la línea gratuita 145, más de un 20% de las víctimas de trata, tanto con fines laborales como sexuales, son menores de 18 años. “Entre un 25 y 27 por ciento de las condenas por trata con fines de explotación sexual corresponden a víctimas menores de 18 años”, informó el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Protex. El fiscal señaló que los casos de trata para explotación laboral “representan el 17 por ciento de las condenas, lo que implican porcentajes todavía muy altos”. En tanto, “en relación a la explotación sexual de menores, el 100 por ciento de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, la mayoría en contexto de vulnerabilidad; en tanto en la explotación laboral, también hay niños y adolescentes varones”.

Colombo advirtió que, a nivel mundial, el delito de trata para explotación sexual persiste por la “connivencia entre el crimen y el poder”, algo que “también se aplica a la explotación laboral, donde en mucho casos se tiende a condenar al explotador directo sin ver qué hay detrás”. Sucede, dijo, “en los talleres textiles, donde se condena a los encargados del taller pero no se busca la responsabilidad de las grandes marcas o grandes grupos; lo mismo sucede en el campo, cuando se detecta una situación de explotación y la Justicia saca la foto al cuadrillero pero ése es el actor de menor jerarquía, lo que hay que hacer es ir por las cabezas”.