La niña wichí de 12 años, con retraso madurativo, violada por un grupo de criollos en la abandonada comunidad salteña de Alto de la Sierra, y por diversos organismos del Estado que no interrumpieron su embarazo hasta que fue sometida a una cesárea (porque el feto era anencefálico), festejará el Día del Niño con una nueva violación del Estado: el Jury de Enjuiciamiento al juez Héctor Astigueta y al fiscal Armando Cazón, que llevaron el caso hasta las mencionadas consecuencias, desestimó que se iniciara un jury contra ambos funcionarios. Los cinco votantes por la negativa a realizar siquiera una investigación sobre las aberraciones actuadas fueron los mismos cinco votantes que impidieron investigar al juez Víctor Soria, en 2014, quien había prohibido realizar un aborto no punible a una adolescente de 13 años, violada por su padrastro. La senadora Silvina Abilés sostuvo en esta ocasión que “no existía gravedad suficiente para continuar con el jury”.

La niña wichí, conocida con el seudónimo de Juana, fue violada por un grupo de criollos (al menos ocho), el 28 de noviembre de 2015, en su poblado de Alto de la Sierra, perdido en el monte a 10 kilómetros de la frontera con el Chaco. El caso derivó en una cadena de eslabones del estado salteño que evitaron la atención de la niña, la aplicación de un protocolo por violación, la interrupción inmediata del embarazo, la obtención de pruebas de ADN de los agresores, la atención del relato de la niña en su propia lengua y mediante traductor, la detención de los agresores habida cuenta de que podrían intentar eludir la acción de la justicia o de poner palos en la rueda. Uno de ellos estuvo prófugo, varios intentaron pagarle a la madre de la niña para que interrumpa la denuncia, y algunos llegaron a amenazar a la familia y a las amigas que testimoniaron –de hecho, una de ellas junto con su familia debieron irse de la región.

En cambio, el estado salteño se preocupó por dilatar el tiempo hasta llegar a someter a la niña de 12 años a una cesárea luego que se comprobó que el feto que llevaba Juana en su vientre era anencefálico, y ya no podría ser donado, según se estila en los círculos maspapistas.

El jury había sido pedido por el juez de la Corte Abel Cornejo y el Jury de Enjuiciamiento se reunió el jueves pasado para determinar si avanzaba o no en la investigación, que no significa condena sino determinación del proceder de ambos funcionarios. Cinco integrantes votaron para que no se realizara la investigación: los senadores Silvina Abilés (Partido de la Victoria) y Jorge Soto (PJ), los integrantes de la Corte Guillermo Catalano y Guillermo Posadas, y el abogado Guillermo López Mirau. Abilés había dicho hace unos años que si no fuera por el protocolo restrictivo salteño “Salta sería una fábrica de abortos”. En esta ocasión agregó que “nunca se abrió un jury cuando hay un solo caso denunciado” y que “no existía una gravedad suficiente para seguir con el jury”.

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