El gobierno de Río Negro elevó de 200.000 a un millón de pesos el fondo de recompensa para quienes aporten datos sobre el crimen del oficial Lucas Muñoz, quien desapareció en Bariloche el 14 de julio mientras iba a trabajar, armado y uniformado, y su cadáver fue hallado casi un mes después en las afueras de la ciudad. El incremento no hace más que sembrar dudas alrededor del caso.

La investigación del caso es obstaculizada por uniformados y jefes de la propia Policía de Río Negro, trama de encubrimiento a la que el gobernador Alberto Weretilneck definió como “pacto de silencio”.

El Ministerio de Seguridad provincial indicó que la recompensa será “para todas aquellas personas que puedan aportar datos, información, testimonios, documentación o pruebas que contribuyan a esclarecer la muerte del oficial”.

Precisó que quienes puedan brindar información podrán dirigirse a la Unidad Fiscal 3, situada en la calle John O’Connor 20, tercer piso, en Bariloche.

También pueden comunicarse al teléfono (0294) 4423061 o 4431729, o al celular (0294) 154606714 y establecer contacto vía correo electrónico a la dirección [email protected].

Asimismo, quienes posean información podrán dirigirse al Juzgado de Instrucción 2, en la misma dirección, cuyo teléfono es (0294) 4422397 y el correo electrónico [email protected]

El Ministerio destacó que los informantes “serán amparados por el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, Ley 25764, y el Sistema Provincial de Protección de Víctimas y Testigos, Ley 5101”.

“La decisión del gobierno provincial de establecer este fondo de recompensa se fundamenta en el firme compromiso de colaborar con todas las herramientas a su alcance para el pronto esclarecimiento de este crimen que ha conmovido a la sociedad rionegrina”, señaló el organismo a través de un comunicado.

El texto agregó que “el Poder Ejecutivo realizará todas las acciones que estén a su alcance para prestar su colaboración para con la Justicia a cargo de la investigación, con la firme convicción de encontrar la verdad en torno al asesinato”.

Muñoz (29) fue visto con vida por última vez el 14 de julio cuando se dirigía a tomar servicio a la comisaría 42ª de Bariloche y tras 27 días de búsqueda lo hallaron asesinado de un balazo en la nuca, vestido con uniforme y una pistola junto a su cuerpo, en un descampado de las fuerzas de la ciudad, en una zona que ya había sido rastrillada por la policía local. Se comprobó además que había recibido al menos un disparo en una de sus piernas, lo que hace suponer a los familiares de Muñoz que fue torturado para que revelara alguna información y que luego fue asesinado.

La querella considera que el oficial estuvo primero secuestrado y su cadáver fue posteriormente “plantado” en ese lugar.

El caso tiene a tres policías detenidos por encubrimiento, pero todavía no hay ninguno acusado del homicidio.

Sin embargo, para el gobernador Weretilneck hay “entre quince y veinte policías comprometidos” en la investigación, por lo que resolvió, entre otras medidas, intervenir la Unidad Regional Tercera, máxima autoridad de la fuerza en Bariloche y la región, y también desplazar a sus autoridades.

La orden de intervención recién se efectivizará esta semana lo que llama poderosamente la atención el anuncio anticipado varios días antes. También la demorada respuesta del Ejecutivo provincial a la supuesta interna policial, tres semanas después de la desaparición.