Con un operativo que incluyó una docena de móviles policiales, un camión hidrante, corte de dos calles, efectivos de la federal y la metropolitana y ningún miembro de la fiscalía, siete familias, con catorce niños, uno de ellos con discapacidad, fueron desalojadas de la vivienda en la que residen desde hace más de 15 años, en Pichincha 191, en el barrio porteño de Balvanera. La particularidad de la causa es que no hay ningún dueño del inmueble que reclame la vivienda: la impulsa el propio gobierno porteño, a raíz de una supuesta denuncia anónima, por lo cual procedió a clausurar el lugar.

Durante la semana, los vecinos y las organizaciones sociales lograron resistir el desalojo y consiguieron, ayer, que la orden del juez Norberto Tavosnanska, del juzgado 17 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, llegara con una disposición inédita: disponer que la administración de la ciudad deberá hacerse cargo del pago de los hoteles a las familias hasta que el gobierno les otorgue un crédito para la vivienda.

Al mediodía, entre idas y vueltas para organizar sus pertenencias para el traslado, rodeada de chicos, propios y ajenos, y tratando de ordenar el caos que implica una mudanza que otros deciden, Margarita, se tomó una pausa y habló con Página/12. Para esta madre, que convive con nueve de sus diez hijos, uno de ellos, el séptimo, ahijado de la ex presidenta Cristina Kirchner, y otra hija con discapacidad, dijo que “esto es parte de un negocio inmobiliario, se quieren deshacer de nosotros, nos quieren sacar del barrio. Por eso las excusas. Dijeron que hay peligro de derrumbe, o que no podíamos vivir acá. Nosotros presentamos cinco informes de constructores, que miraron todo y dijeron que se puede habitar, que no hay peligro. Pero el juez y la fiscal se empecinaron”. Y agregó que el acuerdo “no me compensa mucho, tengo una vida acá, yo, mis hijos, pero hay una esperanza si el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) cumple y nos da los créditos”.

El inmueble desalojado es parte de un complejo habitacional que abarca toda la esquina de Pichincha y Alsina, donde habitan más de 60 familias. Hasta que su dueño falleció, según los vecinos hace más de 12 años, el lugar funcionó como hotel.

Con ese argumento, cuenta a este diario Juan Lenta, abogado de las familias, la Dirección de Fiscalización y Control de la Ciudad de Buenos Aires determinó que el lugar no está en condiciones para funcionar como hotel y que presenta riegos para sus habitantes.

“El lunes a la mañana llegan con orden de desalojo, clausura y secuestro de libro de pasajeros del ‘hotel’ que hace 16 años no lo es más”, contó el abogado. “Frente a esto –continuó–, pedimos que levanten la clausura, planteamos la nulidad, porque no pueden exigir a una vivienda particular elementos propios de un emprendimiento comercial como un hotel” y agregó que “presentamos un amparo en el juzgado contencioso, que se declaró incompetente”.

Además, Lenta señaló que “hicimos un planteo incipiente por el cual las familias son los legítimos tenedores de la propiedad, ya que vienen ejerciendo un derecho posesorio desde hace 16 años. Han hecho mejoras y refacciones de la propiedad y también presentamos informes técnicos de arquitectos que niegan que hubiera peligro ni de derrumbe ni para las personas”.

Pablo Vicente, abogado también de las familias, remarcó que “la gravedad de este caso es que se da en el marco de una causa administrativa. En un juicio civil hay dos partes y uno tiene posibilidad de presentarse en el expediente, de negociar con el dueño, de solicitar una prórroga, o aun, si fuese una causa penal común y corriente, hay un imputado y hay derechos de defensa, de ver las pruebas. En cambio en esta causa surgida de una infracción administrativa no hay un imputado, y al no haberlo, no hay parte, y no hay posibilidad de acceder a la causa, ni siquiera de verla, y no se puede esgrimir ningún tipo de defensa. Ni explicar que esto no es un hotel, que no hay peligro de derrumbe, todos los planteos se hacen en el aire y quedan en la disposición del juez de tomarlos o no”. “Eso es una violación al debido proceso de defensa”, remarcó.

El legislador porteño José Cruz Campagnoli (FpV) opinó que “si bien la resolución del conflicto es relativamente favorable, en este caso todo fue descabellado, desde la falta de sustancia de los argumentos de la justicia para proceder al desalojo, sin dueños que reclamen, hasta el despliegue policial durante el operativo. Lo que esconde esto, y es lo que preocupa a muchos vecinos del barrio, es la política inmobiliaria del gobierno que quiere construir la sede de la comuna 3 y necesita sacar este complejo para “poner en valor el barrio”. Acá “no hubo preocupación por los vecinos ni por el supuesto riesgo de vida”, aclaró.