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“Fue una lucha descarnada, insensible”, al punto que en más de 20 años no sólo provocó desazón sino que “también se cobró vidas”. El presidente de la Comisión para la Asistencia de Pacientes Hemofílicos Infectados con VIH de la Fundación de Hemofilia, Juan Carlos Paz, graficó así los vaivenes previos a la sanción de la ley que obliga al Estado a otorgar una asignación mensual, estimada en unos 600 pesos, a las personas hemofílicas que contrajeron sida entre 1979 y 1985, luego de haber recibido tratamientos con hemoderivados infectados.
La resolución, publicada ayer en el Boletín Oficial, alcanza a unas 80 personas que en algún momento, en esos seis años, recibieron inyecciones de Factor VIII y IX, necesarios para esta deficiencia en la coagulación de la sangre, que se encontraban infectados con el retrovirus de inmunodeficiencia humana. Estos concentrados de sangre, que en su mayor parte eran importados de Austria y Estados Unidos, no atravesaban ningún tipo de control del Ministerio de Salud de la Nación. Recién en 1985 el producto comenzó a incluir la esterilización por calor para evitar el riesgo de transmisión y desde entonces no se registraron contagios.
En total, en la Argentina hubo 211 hemofílicos infectados entre 1979 y 1985, pero de ellos, 120 ya fallecieron. Y aunque la ley 25.869 no aclara expresamente si esta resolución alcanza sólo a las personas que se encuentran con vida, desde la Fundación de Hemofilia solicitarán que se incluya como beneficiario “a un familiar directo por cada fallecido”, dijo Paz a Página/12.
Este pedido deberá ser efectuado en los próximos 30 días, plazo que tiene el Poder Ejecutivo para reglamentar esta ley, aprobada el 28 de noviembre último por la Cámara de Diputados, y el 17 de diciembre por el Senado. Paz sostuvo que la ley no aclara si el beneficio alcanza a familiares de fallecidos, por lo que “inferimos que se dirige a todos los afectados”.
El director médico de la Fundación de Hemofilia, Raúl Pérez Bianco, afirmó que “Argentina es el único país emergente en el mundo, y el primero en Latinoamérica, que logró esta ley”. De todos modos, esta resolución ya está vigente en unos 30 países como Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Holanda, Japón, Israel e Irlanda, entre otros. “Las leyes de estos países indican que el beneficio también es cobrado por los familiares de los fallecidos”, explicó Pérez Bianco.
La pensión que recibirán mensualmente los beneficiarios equivale al sueldo del personal civil de la administración pública nacional, nivel D, aprobado por el decreto 1669/93. Esta retribución está estimada en unos 600 pesos, de acuerdo con lo que informó Paz, uno de los impulsores del proyecto presentado en 1994. El beneficio también se extiende a los cónyuges o concubinos que fueron contagiados por hemofílicos y a los hijos que fueron infectados por transmisión perinatal.
Como antecedente de esta resolución, el año pasado el Estado destinó una partida de un millón de pesos para otorgar a todos los pacientes involucrados y a los familiares directos de fallecidos una “compensación solidaria”. De todos modos, Pérez Bianco reveló que estos subsidios “no fueron repartidos en partes iguales entre todos, ya que los familiares de los fallecidos recibieron menos dinero”. “Esperamos que con este proyecto les den a todos la misma cantidad”, expresó el director médico.
Para acceder al beneficio debe presentarse la solicitud, acompañada de certificados médicos expedidos por el Ministerio de Salud de la Nación a través de un servicio de hematología de un hospital público, o por el Instituto de Investigaciones Hematológicas Dr. Mariano Castex, de la Academia Nacional de Medicina, dentro de los próximos 180 días, ante la autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo en la reglamentación.
La norma establece que la aceptación del beneficio implica la renuncia o desistimiento a cualquier acción judicial por daños y perjuicios planteada contra el Estado Nacional o las provincias, pero ello “no exime de responsabilidad” a las empresas o a los laboratorios que hubieren participado en la producción, distribución o comercialización de hemoderivados durante los años 1979 a 1985 y que hayan infectado a personas hemofílicas. Paz aclaró que “son sólo tres personas las que mantienen un juicio contra el Estado y aún no han cobrado”.
En la Argentina contrajeron el HIV por fármacos contaminados 211 de un total de 1200 hemofílicos, ya que no todos los concentrados elaborados por laboratorios como Bayer, Gador, Cutter Biological (subsidiaria de Bayer) y Baxter, estaban infectados. Según denunció Paz, la sangre “era donada por personas de alto riesgo porque les salía más barato a los laboratorios”, que exportaban los concentrados a la Argentina. Estos empresas ya llevan pagados 600 millones de dólares por demandas judiciales en los últimos 15 años y en la Argentina existen al menos dos demandas contra la firma Cutter por este motivo.