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En la Casa Rosada se hacía una evaluación bien optimista del encuentro en Miami entre el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el titular del FMI, Horst Köhler. “Sirvió para descomprimir”, respondían cerca del presidente Néstor Kirchner. Explicaban que los apremios fueron tenues y que Köhler se comprometió a agilizar los trámites para la aprobación de la segunda meta del acuerdo antes del vencimiento de marzo. “Para nosotros es claro que el Fondo se quiere desligar del reclamo de los acreedores”, respondía un alto funcionario del Gobierno. Cerca del Presidente se convencían de que la posibilidad del no pago argentino a los organismos era una alternativa que tenía muy inquieto al mundo financiero.
Los pronósticos no eran buenos, porque el poderoso G-7 había pedido acelerar las negociaciones con los acreedores privados y porque un juez estadounidense había ordenado por primera vez una inhibición contra bienes argentinos en el exterior. Luego de la reunión con el mandamás del FMI, Lavagna habló con Kirchner y con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para pasar el parte. “Estamos encontrando una solución”, resumieron luego en la Rosada.
El optimismo del Gobierno se sostenía en su convicción de que estaban consiguiendo hacerle entender al mundo el problema que atraviesa la Argentina y cuál es –a su entender– la única manera de darle una solución definitiva. Entre otras cosas, remarcaban que el encuentro se había armado por pedido de las autoridades del Fondo y que Köhler, Anne Krueger y Anoop Singh habían tenido que movilizarse desde distintos puntos de Estados Unidos para estar presentes en el encuentro con Lavagna.
Y no terminaban ahí las señales del FMI en pos de un acuerdo con Argentina. En el encuentro, Köhler anunció que acelerará la llegada de una misión al país para que revise las metas del acuerdo. El Gobierno ya anticipó que no cancelará el vencimiento de 3100 millones de dólares del 9 de marzo si antes el Fondo no da por cumplidas las metas del acuerdo.
Las temidas presiones por el supuesto atraso en la negociación con los acreedores privados –decían en la Rosada– no tuvieron el protagonismo previsto. “Se habló poco. Más que nada, ellos se mostraron solidarios con los países más quejosos”, explicaban cerca del Presidente.
Los dos principales contenidos de la reunión –el envío anticipado de la misión y el leve reclamo en favor de los acreedores privados– llevaban a los funcionarios del Gobierno a decir que el resultado era una mayor “tranquilidad”. Y que comprendían que nadie quería –y el Fondo menos que nadie– que Argentina incurriera en un doble default.
En las cercanías de Kirchner el discurso no varió, aunque están dispuestos a archivar por un rato los arrebatos belicosos. Eso sí, aclaraban que la propuesta argentina no se modificó desde que fue anunciada a fines del año pasado en Dubai. “No hay nuevos bonos, de los que se está hablando son los mismos de siempre”, remarcaban.
Para el Gobierno es muy importante aclarar que no se harán concesiones pese a las presiones internacionales. Por ejemplo, que no se modificará la propuesta de quita del 75 por ciento de la deuda. “Anunciamos que vamos a pagarles el 25 por ciento a los acreedores externos, aun así debemos la mitad de lo que producimos en un año. Si aceptamos pagar un punto más de nuestro PBI sería condenar a muchos argentinos a vivir en la pobreza”, sostuvo anoche Alberto Fernández.
Hacer concesiones significaría un traspié a la idea de hacer una “causa nacional” que involucre a toda la sociedad alrededor de la posición argentina en la renegociación. Esa bandera continuará flameando, aunque por ahora sin ningún acto masivo que la respalde. Ayer, luego de hablar con Lavagna, Kirchner y Fernández estuvieron con el gobernador de Jujuy y titular de la CAP que conduce el PJ, Eduardo Fellner, a quien le recomendaron bajar los decibeles con respecto a un gran acto público en respaldo de la propuesta del Gobierno. Allí se evaluó que afuera sería visto como algo parecido a la ovación que acompañó a la declaración de default que hizo Adolfo Rodríguez Saá.