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Musa Azar quebró por primera vez el pacto de silencio con Carlos Juárez. Frente a una cámara de televisión, admitió su participación en la detención de un concejal desaparecido el 12 de diciembre del ‘75 ordenada por el entonces secretario de Gobierno de la provincia. Cuando le preguntaron si Carlos Juárez, entonces gobernador, estaba al tanto, dijo: “Le deben haber avisado”. Y agregó: “Si hay dos, tres o cinco personas desaparecidas y usted es gobernador, ¿no lo va a saber?”. Hoy el juez federal Angel de Jesús Toledo se presentará en la Gendarmería, donde está detenido, para indagarlo por la desaparición del concejal Emilio Abdala.
En una entrevista del programa A dos voces, Musa Azar admitió por primera vez frente a una cámara de televisión haber sido el autor de la detención de Emilio Abdala, uno de los cinco desaparecidos que existen en Santiago del Estero antes del comienzo de la dictadura militar. En ese momento, Juárez era la cabeza del gobierno. Musa dijo: “Llevé al concejal Abdala al despacho del ministro de Gobierno Robin Zaieck”. Abdala pasó de ahí, según el relato de Musa, a la guarnición del Ejército como detenido. “Era un fletero que traía bananas del Paraguay y se creía que adentro traía elementos terroristas.”
En Santiago del Estero corre una causa federal contra Musa Azar por su responsabilidad en la desaparición de 28 en los 103 casos de desaparecidos por razones políticas en Santiago. Hasta ahora no había pruebas para imputar al esposo de la gobernadora. Ahora el testimonio de Musa Azar es un elemento de lujo contra Juárez. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, presente durante la emisión del programa donde se transmitió la entrevista, consideró “que son fuertes las imputaciones contra Juárez”.
El juez Toledo indagará hoy a Musa por estas declaraciones. Si considera que existen elementos de prueba suficientes, Juarez podría ser el próximo que desfile en su juzgado para declarar en la causa de los desaparecidos. La decisión del juez podría estar fogoneada también desde Nación. La Secretaría de Derechos Humanos podría presentar una denuncia contra el propio caudillo.