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Con el correr de las horas, el régimen juarista pone en juego nuevas cartas, entre ellas su herencia más turbia: una caza de brujas dirigida, especialmente, a los disidentes. Los diputados de la oposición denunciaron ayer una avanzada de aprietes, amenazas, la fabricación de dos causas judiciales y las presiones contra diez jefes comunales del interior que se negaron a firmar un acta de apoyo a los Juárez. Además, fue amenazado el hijo del ex gobernador César Iturre. Y el intendente de La Banda, el posible candidato posjuarista Héctor “Chabay” Ruiz. Entretanto, el matrimonio se atrinchera en la Casa de Gobierno. Organiza marchas de resistencia, sale al balcón, amenaza con una movilización de “40 o 50 mil personas” convencido de que de existe un “golpe democrático”, tal como lo definió ayer el presidente del bloque del PJ. El golpe imaginado por los Juárez ayer obtuvo un nuevo remate: el dictamen de la fiscalía federal que, ahora sí, pide el desafuero para la gobernadora.
El dictamen de la fiscal Cecilia Indiana Garzón acelera el proceso de crisis del gobierno. En este momento, la resolución está en manos del juez Angel de Jesús Toledo. Aunque no trascendió cuál fue su resolución, ayer vencían los plazos para un pronunciamiento que casi seguramente seguiría la línea de Garzón. En su resolución, la fiscal rechazó el pedido de nulidad de los abogados de la gobernadora, imputada por una defraudación al Estado de 505.717 pesos, en la llamada causa Anses. Su fallo considera “legalmente válida y formalmente procedente” la indagatoria promovida por el juzgado la semana pasada y a la que la gobernadora faltó. “No habiéndose presentado a la indagatoria –dictaminó la fiscal–, se solicita el desafuero de la señora Mercedes Aragonés de Juárez.”
La decisión no es menor. Abre las puertas para que la gobernadora sea obligada a declarar en la causa “por la fuerza pública”. Pero además, instala el tema en las puertas de la Cámara de Diputados, que deberá pronunciarse sobre la medida. Una discusión que a esta hora complica la situación de leales y disidentes al juarismo y, a todas luces, puede convertirse en la embestida definitiva contra el poder de los Juárez.
El desafuero necesita acuerdo de los dos tercios de la cámara. Es decir, 33 votos: una suma que en este momento parece imposible. Sobre un total de 50 diputados, el juarismo controla 29 bancas, votos, destinos, funciones, presentes y pasados. Un frente sobre el que trabaja sangrientamente el juarismo, para retenerlos, y la oposición, para quebrarlos.
La línea de amenazas denunciadas ayer está instalada en ese contexto. La cacería no está dirigida a los leales, pero el mensaje también es para ellos. Según la denuncia del diputado Luis Fernández, uno de los conversos al kirchnerismo, “el gobierno está presionando a quienes se cambiaron de bando o están por hacerlo”. Y en ese sentido, el bloque está convencido de que la caza de brujas y los efectos serán peores con el correr de los días: “Si se quedan quince días más en el gobierno, a nosotros nos van a salir a matar”, le decía a este diario uno de los disidentes.
En la lista, Miguel Eljall se trasformó en la primera víctima. Hasta ahora era uno de los 41 comisionados municipales de la provincia. Una estructura de intendentes designados por el Ejecutivo para las localidades de menos de mil habitantes. Eljall era el jefe de Villa Punta, un pueblo del Departamento de Choya. Hace dos semanas quedó al descubierto porque se negó a firmar un apoyo contra la renuncia de la gobernadora Nina Juárez. “Ahora, el gobierno acaba de dejarlo cesante”, dijo Fernández. Pero Eljall no es el único. En su misma situación quedarían otros nueve comisionados que adoptaron la misma posición. Según los diputados, “existen intimidaciones y amenazas a comisionados que están dialogando con la oposición, entre ellos otro de Choya y de Guayasán”.
Durante el día, las denuncias continuaron fuera de la cámara. Esta vez en la oficina de la Anses. Juan Baracat, el jefe de la administración local del organismo que promovió la denuncia por la estafa, dejó en evidencia otra de las costumbres adjudicadas a los Juárez: la fabricación de causas penales. En ese caso, llegó a través de una de sus empleadas, que pasó a una administración del gobierno. Le abrió una causa por “malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, amenazas de muerte, daño moral y físico y/o cualquier otro delito que surja de las investigaciones en perjuicio del Estado Nacional”. Un dardo de munición pesada, en línea con los dichos de la gobernadora hace dos semanas, cuando por teléfono le propinó aquello de “beduino de mierda”, “malparido” o “turco hijo de puta”, además del obvio “traidor”.
La saga incluyó a quienes pronunciaron públicamente críticas sobre el gobierno. El martes a la tarde, después de una reunión en el Ministerio de Justicia de la Nación, el hijo del ex gobernador César Iturre recibió una amenaza en su teléfono. César Eusebio Iturre hijo estaba en Buenos Aires con un cúmulo de pruebas que intentan impulsar la reapertura de la investigación sobre la muerte de su padre en abril de 1997, cuando estaba exiliado en Paraguay después de un enfrentamiento feroz con Carlos Juárez.
Ayer, el juzgado que investiga el doble crimen ordenó la detención de Marta Cejas, la esposa del ex comisario Musa Azar, que por estos días también comenzó a mandarle dardos críticos al gobierno. En la estrategia defensiva, también ayer hubo una nueva convocatoria frente a la Casa de Gobierno. Que tuvo de todo: arenga, los Juárez en el balcón, marcha peronista y, por supuesto, la reiteración de que no habrá renuncias.