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Ahora que Estados Unidos está presionando a los acreedores de Irak por una quita del 90 por ciento sobre una deuda de 120 mil millones de dólares, un miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de EE.UU., Joseph Siegle, propone aplicar igual criterio a toda la deuda soberana que pesa sobre los hombros de regímenes democráticos y fue contraída por dictaduras que los precedieron. Así como James Baker, el enviado de George W. Bush para reclamar la quita, pregunta qué derecho hay a forzar al iraquí común a afrontar la hipoteca que dejó la desaprensión de Saddam Hussein, la misma lógica debería ser aplicada, según Siegle, a otros países que pugnan por consolidar la democracia tras emerger de una tiranía.
La Argentina actual no podría apelar a ese raciocinio, porque la restauración democrática ocurrió hace 20 años. Sin embargo, le hubiera venido muy bien a Raúl Alfonsín, quien en 1983 se encontró con una deuda externa de 45.920 millones, que expresados a precios del 2001 equivaldrían a casi 80 mil millones de dólares. En realidad, Siegle alude a casos actuales concretos más frescos, como los de Nigeria, Indonesia, Kenya y Georgia, entre otros.
Según cifras que maneja, en promedio los países que emergen de un régimen dictatorial se hallan con una deuda del gobierno central que equivale a un 59 por ciento del Producto Interno Bruto. Atender esa deuda absorbe en promedio un 20 por ciento de los recursos presupuestarios. Pero si las nuevas autoridades se niegan a asumir ese fardo, sufren un severo castigo de los mercados. El proceso conduce en muchos casos a que la ciudadanía se decepcione de la democracia porque ésta no resuelve sus prioridades. De acuerdo a las estadísticas, las posibilidades de que un país en transición democrática recaiga en el autoritarismo se ven duplicadas cuando padece un estancamiento económico.
Quienes se oponen a la propuesta de Siegle sostienen que el peligro de no recuperar el dinero evaporaría el crédito comercial a los países emergentes. Pero aquel replica que quienes financian a dictaduras saben muy bien que no están operando de acuerdo a normas de legalidad internacionalmente aceptadas. En verdad, esos prestamistas tratan de beneficiarse con negocios financieros poco transparentes, por lo que exigir que gobiernos democráticos les reembolsen tales deudas es premiar su mala conducta. Este es el “riesgo moral” y no el otro, según Siegle.
Al parecer, la mayoría de las empresas lo comprenden: el nivel de la inversión externa directa en países emergentes gobernados por democracias duplica a la que se registra en otros no democráticos. Por supuesto, la determinación precisa del carácter de un régimen no es siempre fácil, y depende muchas veces de quién pega la etiqueta. El caso actual de Venezuela es un buen ejemplo de esa zona gris.
Como quiera que sea, la propuesta trasunta el clima de debate que rodea la cuestión de las deudas soberanas. Ya no se piensa unánimemente que éstas deben ser afrontadas en cualquier circunstancia.