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Pese a los esfuerzos del oficialismo, que incluyó la presencia fuera de agenda del ministro Carlos Tomada en la reunión de la Comisión de Trabajo, el Gobierno deberá esperar hasta el próximo martes para que la nueva ley laboral sea sancionada. La decisión del radicalismo de no aportar sus legisladores para habilitar el tratamiento sobre tablas de la media sanción del Senado obligó al PJ a resignar su intención de sesionar hoy. Si bien Tomada reconoció que está “ansioso pero paciente”, esto no significó que estuviera dispuesto a aceptar modificaciones al texto de la norma. En tanto, los bloques del ARI, el PI, Nuevo Espacio Entrerriano y del CTA consensuaron un dictamen en minoría que plantea la nulidad de la ley de los sobornos.
La comisión que preside el ex líder de la CGT Saúl Ubaldini vivió dos momentos. Durante la mañana, la ausencia de al menos cinco integrantes del bloque del PJ –que dejó al oficialismo en minoría– provocó el temor de que no se pudiera imponer la convocatoria a una sesión para la tarde de ayer o para hoy. Fue entonces que la bonaerense Graciela Camaño hizo gala de su muñeca política al proponer la participación –no prevista– de Tomada.
La destreza de Camaño, quien en el 2000 firmó el dictamen de lo que luego se conoció como la ley de los sobornos, le permitió al PJ el tiempo necesario para mejorar la relación de fuerzas en la comisión.
Con el salón repleto de legisladores, muchos más de los que integran normalmente la comisión, Tomada volvió a responder las inquietudes de los bloques de la oposición. Si bien buena parte de los bloques reconocieron la necesidad de derogar la ley 25.250, destacaron también la necesidad de realizar algunas correcciones al proyecto oficial.
En general, las críticas se centraron en la definición de pequeñas y medianas empresas que plantea el proyecto –hasta 80 empleados– para que accedan al beneficio de reducción de aportes patronales por cada nuevo trabajador que incorporen. También se hizo hincapié en el poder que entrega al Ministerio de Trabajo para resolver la representación de las partes en situaciones conflictivas de las convenciones colectivas. Por último se cuestionó el poder de policía que recupera la cartera de Tomada en detrimento de las secretarías de Trabajo de los gobiernos provinciales.
Tomada respondió una a una las observaciones. Sin embargo, en ningún momento dejó entrever la posibilidad de que el Gobierno estuviera dispuesto a modificar una coma del texto tal cual salió del Senado. En todo caso, se comprometió –como en el caso de las pymes– a incorporar en la reglamentación de la ley la variable de la facturación para limitar el acceso de pymes al beneficio.
En tanto, el ARI, el Partido Intransigente, el Nuevo Espacio Entrerriano y Claudio Lozano de la CTA presentaron una propuesta alternativa que declara nula la ley de los sobornos, deja en un mes el período de prueba, elimina la rebaja de aportes, endurece la lucha por la erradicación del trabajo infantil y democratiza la representación sindical al exigir, entre otras medidas, la ratificación de los convenios colectivos por el voto directo de los trabajadores.
De todas formas, Lozano marcará una diferencia con el resto de los bloques de centroizquierda. Si bien apoyará el dictamen de minoría, una vez que se trate el que impulsa el oficialismo, lo votará en general para luego oponerse en el tratamiento en particular de los artículos.
Anoche, a última hora, el PJ presentó el pedido de sesión especial para el martes que comenzará a las 10 de la mañana.