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Jorge Simoni, el intendente del partido de Villarino, en la provincia de Buenos Aires, tuvo que probar su propia medicina. El miércoles a la madrugada un grupo de desconocidos descargó cuatro disparos sobre la puerta derecha de su auto. El jefe comunal, que hace una semana alentó la resistencia armada de sus productores contra los robos de ganado y la conformación de “patrullas de la muerte”, consideró el supuesto atentado como “un mensaje mafioso”. Funcionarios de primera línea del gobierno provincial le bajaron el tono a su denuncia y, reunidos con productores, con integrantes del Poder Judicial y de las organizaciones intermedias de la zona reconocieron “que existe un problema real de inseguridad”, pero que los bonaerenses no están dispuestos a armarse sino a elaborar respuestas “racionales” al problema.
El hijo del intendente de Villarino, Sergio Simoni, fue quien dio la primera voz de alerta cuando conoció el atentado. De acuerdo con su relato, una banda habría disparado cuatro balas sobre el Chevrolet Corsa blanco del intendente, el miércoles, después de la medianoche. Simoni regresaba a su casa, en el country de Médanos, por la ruta nacional 22: “Fueron cuatro disparos –dijo su hijo– que provocaron que pierda el control del auto y choque contra un terraplén”.
Simoni padre quedó ileso. La fiscal Claudia Lorenzo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Bahía Blanca tomó en sus manos la investigación. En las primeras horas habría determinado que, en primera instancia, los disparos contra el auto serían de dos vainas servidas calibre 9 milímetros, el tipo de armas que utiliza la policía provincial. La fiscalía intenta ahora confirmar la ubicación del vehículo. Existen indicios de que no habría estado en circulación sino detenido.
Durante el día, Sergio Simoni recordó otros atentados que había sufrido su padre: “En otras oportunidades –dijo– le han dicho ‘cuidá a tus pibes’”. Y enseguida puso en foco a la policía: “En este momento sospecho que la policía siempre está con algún enemigo”. En tanto, su esposa, Elsa Fernández, recordó otro trágico antecedente: “Estamos un poco acostumbrados a que nos ataquen –dijo–: ya en 1995 lo secuestraron y nunca se supo quién y por qué fue”. Sobre los últimos tiros, en cambio, aseguró que están “conmocionados”. Para uno de los productores agropecuarios de la zona, el atentado fue un mensaje. “Querían matarlo para enviar un mensaje mafioso”, dijo Fernando Carrizo Fierro, presidente de la Asociación de Productores Rurales Villarino Norte y amigo de Simoni. “Si ven cómo está el auto –agregó– no van a poder creer que el intendente esté vivo.”
Hace una semana, Simoni había estimulado la política del far west entre los chacareros de la región. “Si alguien mata a un delincuente yo lo voy a avalar”, dijo, después de que tres ladrones armados pasaron por un campo de la localidad de Médanos donde torturaron a un peón y tomaron de rehén a tres personas para robar dinero, una camioneta y armas.
El atentado contra Simoni se produjo en un momento bastante oportuno. Fue horas antes de que comenzara en Bahía Blanca el encuentro provincial promovido por Felipe Solá después de las polémicas declaraciones del intendente. El plenario se desarrolló con ese negro telón de fondo con los ministros bonaerenses de Seguridad Raúl Rivara y el de Justicia, Eduardo Di Rocco. Simoni estuvo presente con intendentes de toda esa región del interior de la provincia, funcionarios del Poder Judicial y productores.
En diálogo con Página/12, Di Rocco reconoció los reclamos planteados por los ganaderos: “La inseguridad existe, esto es un tipo de delito con una cadena de comercialización, de faena y puestos de venta”. En la provincia, dijo, “debe desarrollarse una política integral: con una investigación real, con una actividad de represión del delito por parte de la policía y no de los civiles, y un juzgamiento de la Justicia”. Sobre las declaraciones de Simoni, las evaluó como “un caso aislado” en una región donde otros intendentes intentan combatir el aumento del robo de ganado aumentando los controles sobre toda la cadena de comercialización ilegal.El propio Felipe Solá prefirió bajarle el tono al atentado y preguntó: “¿Qué es lo que hay que hacer? En lugar de opinar sobre tal o cual cosa o cruzar debates o decir barbaridades, lo que hay que hacer es trabajar, que es lo que está faltando allí”.