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El impacto seco de las balas se escuchó ayer a la madrugada en Santiago del Estero. El frente de la casa de Juan Alejandro Miggitsch, el autor del hasta ahora, único pedido de juicio político al actual ministro de Economía provincial, Carlos Juárez, fue atacado ayer con balas nueve milímetros, las mismas que utiliza la Policía. Además, la puerta principal de la Cámara provincial de Industria y Comercio, que mantiene un fuerte enfrentamiento con Néstor Ick, un poderoso empresario vinculado a Juárez, fue destruida “a mazazos”. Y, como si fuera poco, las instalaciones de una empresa de seguros, lindante al canal Cable Express, también fueron atacadas.
Miggitsch aseguró a Página/12 que el último viernes 5 de marzo, el mismo día en que Juárez asumió en el Ministerio de Economía provincial, presentó en la Cámara de Diputados de Santiago un pedido de juicio político contra el caudillo peronista, que gobierna directa o indirectamente la provincia desde hace unos 50 años. El último jueves, este comerciante vinculado al negocio de la miel, ratificó el pedido ante la Cámara y un día después su casa fue baleada. “La Policía me baleó mi casa”, acusó Miggitsch, quien además admitió sentir miedo “porque hace unos días, como anticipándose a este hecho, un policía lo interpeló en la calle y le dijo: “Así que vos sos el pícaro que presentó la denuncia en contra de Juárez; ya vas a ver lo que te va a pasar”.
En el momento del atentado, Miggitsch no estaba en su casa. Cuando llegó a las 7 de la mañana, vio las paredes baleadas, debajo de la ventana de la que hasta hace poco era su habitación. En la vivienda sólo había dos personas, que también alquilan cuartos en esa misma casa. “Después de las amenazas que recibí de la policía, me cambié a una habitación del fondo” de la residencia, destinada al alquiler de habitaciones. Esta no es la primera intimidación que recibe el comerciante. Según contó, “hace dos años y medio denuncié a dos policías por intimidaciones y apremios, después de que me arrestaron por equivocación para averiguación de antecedentes y me torturaron”. Incluso, “uno llegó a amenazarme de muerte después de la denuncia”.
Ayer también sufrió un atentado la puerta principal de la Cámara provincial de Industria y Comercio. Según relató a Página/12 el gerente de la entidad, Mario Ballestrini, “a las 3.30 de la madrugada rompieron la puerta de entrada a mazazos, pese a que está blindada. Este fue claramente un atentado, no hubo fines de robo porque la segunda puerta de la cámara, que permite el ingreso a la entidad, no fue violentada”.
La cámara mantiene desde hace tiempo una “lucha permanente” contra los intereses de Ick, el empresario vinculado a Juárez que posee un amplio porcentaje de las acciones del Banco de Santiago del Estero, entidad que mantiene un acuerdo con la Anses para la realización de los llamados “códigos de descuento”, por el que se les resta a los empleados públicos y a los jubilados que piden préstamos grandes sumas de sus sueldos. “Este sistema hace que los empleados y pensionados terminen cobrando cero pesos a fin de mes, con descuentos que tienen intereses usurarios”, afirmó Ballestrini.
Miggitsch también señaló que “las instalaciones de la compañía de seguros Mapfre Aconcagua también recibió balazos en el frente. Esta empresa linda con el canal Cable Express, que se opone al accionar de Juárez”. El comerciante indicó que la Policía “secuestró cuatro cápsulas y cinco plomos” y puntualizó que él tiene en su poder “dos cápsulas que las voy a hacer llegar a la Justicia Federal”. Además, adelantó que ampliará “el pedido de juicio político por los desaparecidos que hubo en la provincia en estos 50 años” gobernados por los Juárez. Miggitsch basó su pedido de juicio político en los casos Figueroa, el de la desaparición del concejal Emilio Abdala y en el caso del ex gobernador César Iturre, muerto en Asunción en dudosas circunstancias. “Un señor con tantas denuncias no puede ejercer un cargo en la provincia”, manifestó Miggitsch.
En tanto, los abogados de Carlos Juárez recusaron ayer al fiscal federal Alberto Pravia y pidieron que se le inicie juicio político, al considerar que incurrió en abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes y violación del secreto de sumario al involucrar al caudillo en la desaparición de Abdala, en 1975. Los letrados Antonio Azar, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, Bernardo Herrera y Juan Sain presentaron la recusación contra Pravia y señalaron que la actuación del fiscal fue “bochornosa”. Los abogados cuestionaron la imputación que el fiscal le endilgó a Juárez para que el juez federal, Angel Toledo, lo investigue como presunto “jefe de una asociación ilícita” y supuesto “autor intelectual” de los delitos de “apremios ilegales y torturas”.
Los defensores de Juárez consideraron ilógico el planteo ya que, recordaron, tanto el caudillo como su esposa, la gobernadora Mercedes Aragonés, “han sido perseguidos y víctimas del proceso militar”. Juárez viajó ayer a la ciudad de San Miguel de Tucumán para realizarse un examen médico de rutina, mientras el ministro de Gobierno, Miguel Angel Tejera, aclaró en conferencia de prensa que el caudillo “y la señora gobernadora están trabajando”.