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El gobierno porteño quiere penalizar a los cuidacoches y a los vendedores ambulantes que trabajen sin permiso oficial como infractores al Código Contravencional. Las faltas están incluidas en el proyecto de ley que el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, enviará hoy a la Legislatura, según adelantó a este diario una fuente del gobierno porteño. La iniciativa considera la oferta de sexo como una falta leve, que será penada con multa, de 50 a 1000 pesos, según el criterio del juez. Esa actividad estará prohibida cuando se realice en las inmediaciones de viviendas, templos o establecimientos escolares. El proyecto instala la figura de reincidencia: la tercera vez que cometa una falta, el infractor sufrirá una pena de arresto.
El proyecto será presentado hoy por el secretario de Justicia y Seguridad de la ciudad, Juan Carlos López, y –dicen en el gobierno– para su redacción se han tenido en cuenta las opiniones vertidas en la audiencia pública celebrada el 22 y 23 de marzo últimos. Sin embargo, los principales puntos del proyecto ya habían sido enunciados previamente por el gobierno:
- No se penalizará el acecho ni el merodeo, figuras que reclaman los sectores más duros de la Legislatura y que fueron derogadas junto con los edictos policiales.
- Cada figura contravencional tendrá fijada su escala de penas, a diferencia del código vigente, en que la aplicación de sanciones debía ser elegida por el juez entre una lista de diez sanciones, que van del apercibimiento al arresto.
- Se mantiene como edad mínima de imputabilidad los 18 años.
- Las penas de arresto se aplicarán para las contravenciones graves, como las que ponen en riesgo la salud y la integridad física de las personas. Para las leves se impondrán multas, que podrán ser reemplazadas por la caución de bienes o trabajos de utilidad pública.
- Se introduce la figura de la reincidencia, ausente en el actual código: el infractor que cometa por tercera vez la misma falta pasará al menos un día en la cárcel de contraventores.
El punto más conflictivo del Código, desde su nacimiento, es el de la oferta y demanda de sexo en la vía pública: fue el más controvertido en las audiencias públicas, en las que confrontaron vecinos de Palermo y Constitución con representantes de las minorías sexuales. El proyecto oficial propone sancionar esa conducta cuando se ejerce en inmediaciones de viviendas, templos o establecimientos educativos, creando una virtual zona de exclusión que abarca buena parte de la ciudad. Es una versión algo atenuada de la propuesta presentada en febrero por el bloque legislativo de Mauricio Macri, que pena lisa y llanamente la “oferta ostensible de sexo en la vía pública”, sea donde fuere y aunque no altere la tranquilidad pública, como exige el código actual. El proyecto macrista propone sanciones de hasta 5 días de arresto para esta falta. El de Ibarra contempla la privación de libertad después de la tercera, una situación muy probable en el caso de las trabajadoras sexuales que tienen paradas en la vía pública.
El proyecto deberá sortear un duro debate en la Legislatura, donde el ibarrismo está en inferioridad numérica respecto del bloque macrista, que en febrero último intentó sin éxito, en dos ocasiones, tratar su proyecto. La ofensiva macrista fue más que nada un hecho político para instalar el tema en un verano en el que el tema de la inseguridad estuvo en el centro del debate público. Si bien no incluía la figura del acecho –propuesta por el macrista Jorge Enríquez–, el proyecto de Compromiso para el Cambio prometía sancionar con arresto el 92 por ciento de las faltas, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Además, proponía bajar la edad de imputabilidad a los 16 años.
Con el nuevo proyecto, Ibarra pretende resolver el hasta ahora inmanejable problema de los cuidacoches no autorizados, a quienes losautomovilistas deben pagar a regañadientes a la entrada de espectáculos masivos y en inmediaciones de restaurantes, y que hasta ahora no son sancionados porque la actividad no está reglamentada. La reciente experiencia piloto en el Abierto de Tenis generó críticas que no dejaron conformes a los funcionarios del gobierno.