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Mario Benito Vieyra no figurará en las estadísticas de víctimas del tránsito en la Argentina: el 16 de marzo, en la esquina de Edison y Mendoza, Rosario, atropelló a una moto donde iban un hombre y una mujer, que quedaron sobre el pavimento. Aterrado, escapó en el auto. Diez cuadras más lejos detuvo el coche, tomó un arma que portaba y se mató de un tiro en la sien.
El acto de Vieyra merece ser leído en la perspectiva de las distorsiones que afectan la seguridad vial en la Argentina.
En otros países –cualquiera de los desarrollados pero también alguno, Chile, de Latinoamérica–, la seguridad se basa en educación vial y sanciones efectivas a las infracciones (suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducir); las faltas son registradas por un cuerpo policial especializado y no corrupto; el sistema se completa con una actitud clemente de los jueces para quienes causaran lesiones culposas –sin voluntad de dañar–, y severas para quienes cometieran abandono de persona. Este sistema ha logrado bajar fuertemente los índices de víctimas.
En la Argentina, en cambio, la cultura vial predominante consiente y estimula las infracciones; la suspensión de la licencia de conducir no suele aplicarse, y si se aplica puede ser fácilmente burlada obteniendo licencia en otra jurisdicción. Eso sí, cuando los accidentes graves se producen, el conductor del vehículo es sindicado por indignados comunicadores como “asesino al volante”: se exigen y últimamente se han dictado penas de prisión efectiva, lo cual no ha servido para disminuir los accidentes sino para que la opinión pública perciba erróneamente sus causas y remedios en términos penales.
Esto da razón de casos como el de Vieyra: pensó (no pudo no pensar, hubiera escrito Borges) que había matado a esos motociclistas; no pudo no pensar que lo detendrían, no pudo no pensar que iría a la cárcel, tal vez por años. El suicida tenía 70 años; su mujer había muerto hacía ocho meses.
La fórmula del “asesino al volante” no sólo pudo contribuir al suicidio de Vieyra: también lo alentó al delito de abandono de persona. En la Argentina se insiste en castigar no tanto el abandono de la víctima sino la lesión en sí misma, que el furor expiatorio quiere considerar dolosa en vez de culposa. Así, la magnitud del castigo tiende a promover la fuga del responsable, fomentando así un delito, el abandono de persona, que sí podría reducirse con una fuerte sanción social y penal.
Esa fuga es propiciada incluso en conductores que no han sido responsables del accidente pero reaccionan bajo el miedo de ser condenados por algún juez débil bajo presión mediática. Vieyra no fue culpable del choque. No sólo porque, como para toda persona, debe presumirse su inocencia, sino también porque la conducta vial de sus víctimas –que están fuera de peligro– pudo no haber sido prudente: eran perseguidos por móviles policiales como sospechosos de haber cometido un asalto.
Resulta sarcástico: Vieyra se mató para no ir a parar a un lugar social –el factor disruptivo, destinado al encierro– que ya iba a ser ocupado por las personas que dejó tiradas en el pavimento.