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En su inminente viaje a Chile para aplacar la convulsión que originó en ese país el recorte de suministro del gas argentino, Rafael Bielsa podría citar algunos de los argumentos técnicos que utilizan los especialistas locales para demostrar que Argentina no ha vulnerado ningún tratado internacional sino que sólo utilizó una facultad conferida por los propios contratos de provisión. Pero ante la sensibilidad que el gobierno y las empresas trasandinas demostraron frente al tema, el canciller prefirió buscar un camino más amigable. Mientras, espera que Repsol-YPF aliste el gasoducto para traer gas de Bolivia, más caro de lo que ese país estaba dispuesto a cobrar en plena convertibilidad.
Amparados en protocolos binacionales, los acuerdos de venta de ese combustible a Chile incluyen cláusulas que habilitarían a las productoras locales a reducir el suministro bajo ciertas condiciones. Aunque entre los especialistas no hay acuerdo acerca de cómo se miden los “excedentes” del contrato, sí hay coincidencia en que éste contempla un volumen fijo que no puede dejar de proveerse y otro que sí queda sujeto a disponibilidad: la restricción argentina estaría dentro de este margen.
Desde los últimos días del mes pasado, Argentina recortó 3,3 de los 22 millones de metros cúbicos que se despachan diariamente a ese país, es decir, el 15 por ciento. Este recorte estaría tolerado por la cláusula delivery or pay, muy frecuente en los acuerdos de venta de hidrocarburos, que obliga al proveedor a tener disponible sí o sí una cantidad de gas no inferior al 80 por ciento de la comprometida o pagar una indemnización. Aquella limitación no vulnera esta exigencia.
El protocolo internacional también contempla un trato igualitario a los usuarios que están a ambos lados de la frontera, de modo tal que si un cliente argentino sufre limitaciones en el suministro, el chileno debería afrontar lo propio. Finalmente, los acuerdos suscriptos entre las productoras radicadas en la Argentina y las compradoras chilenas también admitirían el imperio de las normas locales, entre ellas la ley del Gas, que expresamente ordena la prioridad del consumo interno en caso de crisis.
Desde estas perspectivas, las amenazas formuladas por la canciller chilena, Soledad Alvear, y empresas energéticas como Electroandina o GasAtacama de denunciar a la Argentina ante fueros internacionales por el incumplimiento de acuerdos, pierden sustento o, al menos, sugieren que el tema admite bastante margen para ser discutido. Aun así, el gobierno kirchnerista prefiere una salida no confrontadora y hasta analiza la posibilidad de compensar al otro país con un combustible alternativo.
Chile depende íntegramente del gas argentino para alimentar sus usinas de generación eléctrica que, obligadas a utilizar un combustible más caro como el fuel oil, tendrán un aumento de costos muy importante que aún no se sabe quién pagará: los grandes usuarios industriales compran energía con contratos a precio fijo y los residenciales sólo podrían sufrir ajustes en su revisión semestral, prevista para octubre. Este problema, muy revulsivo para el país vecino, perturbó el ánimo de Ricardo Lagos, que a pesar de su condición de aliado político regional de Néstor Kirchner, días atrás protestó en público por la medida argentina.
La buena noticia llegó en las últimas horas desde Bolivia, que por seis meses proveerá gas a condición de que Argentina no lo reexporte a Chile y cobrando 1,20 dólares el millón de BTU, bastante por encima de los 90 centavos que pretendían cobrar antes de la devaluación las petroleras radicadas allá; varias de ellas, también instaladas acá. Pero entonces, Repsol-YPF se negó a alistar el gasoducto que administra su controlada Refinor y esa importación abortó.