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“Preocupante” fue la palabra que usó el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para referirse a la muy sospechosa muerte de Jorge Rocha, un arrepentido que había declarado en una causa por corrupción contra Fernando Geronés, ex intendente de Quilmes. El titular de la Fundación de Protección al Testigo denunció una “connivencia entre políticos, policías y delincuentes” por causa de la cual “no está reglamentado el cambio de identidad de los testigos protegidos”. Sin embargo, la Procuración General bonaerense sostuvo que Rocha, quien murió ahorcado, “no estaba en el programa de protección a testigos”.
Fernández, quien hace años fue intendente de Quilmes, dijo que “la situación”, que consideró “preocupante”, está “en manos de la Justicia para investigar si realmente fue un suicidio o hay una mano de otra persona” y señaló que en la Argentina “hay garantías para testigos de identidad reservada”, de modo que “no tendría que haber terceros que supieran cuál es la actividad del testigo”.
Por su parte, Ricardo Manselle, presidente de la Fundación de Protección al Testigo, denunció que el cambio de identidad de los testigos protegidos “no está reglamentado” y exigió esta normatización “para quienes quieren colaborar con la Justicia”. Y acusó: “No nos olvidemos de que la connivencia que existe entre políticos, policías y delincuentes hace que no sea un interés protegerlos”.
Sin embargo, un vocero de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense afirmó que Rocha “no estaba incluido en el programa (de protección de testigos de la provincia) ni el fiscal de la causa había solicitado su inclusión”.
El cadáver de Jorge Antonio Rocha apareció el 3 de mayo, colgado, en el baño de una casa de Berazategui donde vivían familiares suyos. Tenía 35 años y seis días antes había declarado, bajo identidad reservada, en una causa por defraudación de 12 millones de pesos contra Fernando Geronés, ex intendente de Quilmes, perteneciente al radicalismo, y otros imputados de su gestión comunal.
Rocha, bajo reserva de su identidad, habría revelado detalles de contrataciones presuntamente irregulares, con empresas “fantasmas” que cobraban por obras jamás realizadas. El mismo habría cumplido un rol en el cobro del dinero, en forma parecida a la función cumplida por Mario Pontaquarto en la causa de coimas a senadores.
El 1º de mayo, Rocha había dejado en el contestador telefónico de su abogado, Carlos Feustel, un mensaje que decía: “Descubrieron mi nombre. Ahora quieren matarme”. Dos días después apareció ahorcado.