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El fallo histórico deberá esperar. El juez de Esquel Jorge Eyo falló ayer a favor de la multinacional Benetton, el mayor terrateniente del sur argentino, y ordenó la “restitución definitiva” a esa compañía de 500 hectáreas donde se habían asentado Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir, un matrimonio mapuche, con sus hijos. La Justicia privilegió un título de propiedad de 1886, época del genocidio de los pueblos aborígenes, durante la campaña del general Julio Argentino Roca, y el posterior reparto de la tierra en pocas y acomodadas manos. “Ganaron sólo una batalla. Seguiremos peleando”, aseguraron desde la Organización de Comunidades MapucheTehuelche 11 de Octubre y remarcaron como un avance que el tema haya sido puesto en debate y traspasado las fronteras provinciales. La semana pasada, en el orden penal, el mismo juzgado había sobreseído al matrimonio del delito de usurpación.
“En lo judicial vamos a seguir, vamos a apelar. En lo político, esta batalla nos fortaleció porque pudimos demostrar la injusticia reinante, demostrar que el poder no respeta la Constitución nacional y los convenios internacionales que amparan a los pueblos originarios en su derecho a la tierra”, afirmó el referente de la 11 de Octubre, Mauro Millán. El dirigente reconoció que eran conscientes de las grandes posibilidades de que el fallo sea adverso: “Es la justicia huinca, del mismo huinca que nos invadió e intentó acabar con nosotros”, recordó Millán.
El 23 de agosto de 2002, Curiñanco y Nahuelquir se instalaron junto a sus hijos y nietos en el predio Santa Rosa del paraje Leleque, donde se habían criado, a 90 kilómetros de la ciudad chubutense de Esquel. En el lugar comenzaron a trabajar la tierra, hicieron uso efectivo de 25 hectáreas, y criaron animales, hasta que el 2 de octubre a la mañana fueron desalojados violentamente por la policía.
La Compañía de Tierras Sud Argentino –la sociedad anónima que pertenece a familia Benetton– demandó a los mapuches por usurpación en el ámbito penal y por la restitución final de la tierra en lo civil. El miércoles pasado, el juez Eyo había dictado el sobreseimiento en la causa penal, pero ayer el mismo juez determinó que el título de propiedad era prueba suficiente para cerrar el caso.
Aunque todos reconocen que era previsible un fallo favorable a Benetton, que en la Patagonia tiene 900.000 hectáreas, la expectativa estaba centrada en que, por primera vez, se haga valer la inferioridad legal de un título privado ante la Constitución nacional, ya que el artículo 75 inciso 17 estipula el derecho ancestral y comunitario de la tierra. Pero si el juez fallaba a favor de los pobladores originarios sentaría precedente para una catarata de reclamos. “Los grandes terratenientes, que son quienes tienen la tierra en conflicto, y los de doble apellido nucleados en la Sociedad Rural estarán con miedo”, había advertido antes del fallo Sandro Holmes, de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, que acompañó en el reclamo a los mapuches.
El abogado de la familia Curiñanco y Nahuelquir, Gustavo Macayo, aceptó que desde el principio sabía de lo difícil que sería lograr la restitución de la tierra a los dueños originarios, pero remarcó que “es una lucha contra una megaempresa que tiene todo el poder, con los estudios de abogados más caros, y nosotros no tenemos plata ni para fotocopias, pero los hermanos saben que es una lucha que ya lleva 500 años y que no nos vamos a rendir”.

Informe: Darío Aranda.