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La tragedia en el geriátrico de Balvanera, en la madrugada del domingo, abrió el debate sobre la reglamentación de la ley que regula la actividad, un asunto pendiente desde el 2002. La ley fue sancionada después de la inundación de otro geriátrico porteño, que en enero del 2002 provocó la muerte de cuatro personas. Entre otros aspectos, la ley establece parámetros de cantidad y tipo de profesionales por cama, uno de los temas que estuvo en discusión apenas se conocieron las noticias del incendio de Balvanera, donde sus 43 moradores eran asistidos por dos o tres empleados. Al saldo de las dos ancianas muertas, se sumó el estado grave de una tercera mujer: una paciente con un presunto diagnóstico de esquizofrenia que habría sido autora del incendio. Las llamas dejaron 75 por ciento su cuerpo carbonizado.
La ley de control de la actividad de los geriátricos privados se sancionó en mayo del 2002 como consecuencia del escándalo que generó la muerte de los ancianos de Los Girasoles, en Belgrano. “Entre otras cosas, la ley establece los requisitos de recursos humanos”, le dijo a Página/12 Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la información oficial, el Geriátrico Re-Crear, de Balvanera, estaba habilitado como “instituto privado (sanidad con internación)”.
Las dos mujeres muertas vivían en una habitación de la planta alta con otra mujer, una señora que presuntamente padecía una patología de tipo psiquiátrica. Fuentes de la investigación la mencionan como quien habría originado el incendio. La mujer en este momento está internada en el Instituto del Quemado, con “quemaduras profundas e intermedias en el 75 por ciento del cuerpo y una lesión respiratoria debido a la inhalación de humo durante el incendio, por lo que tiene pocas expectativas de sobrevida”, según los médicos.
Para Semino, el escenario mostró dos problemas. Uno, el de un anciana con una presunta patología psiquiátrica alojada en un geriátrico donde, dijo, “no hay nadie encargado de chequear que un abuelo tome o no la medicación”. Ese tipo de pacientes, a su entender, debería estar alojado en instituciones específicas que no existen en Buenos Aires. “No hay gerontopsiquiátricos, ni públicos ni privados; el problema es que los geriátricos terminan funcionando como psiquiátricos”. El psiquiatra o el médico contratado controla al paciente, pero no tiene una presencia permanente en el lugar. “Un esquizofrénico –dijo Semino– puede tener un brote en cualquier momento.”
Para los responsables de la Dirección General de la Tercera Edad de la Ciudad, la presencia de un paciente con una patología psiquiátrica es responsabilidad del cuerpo médico del geriátrico, de sus familiares y de los dueños del lugar. “Son los responsables de seguir su evolución, y el médico es el que firma la historia clínica para que se quede ahí”, le dijo a este diario Daniel Maglioco, el responsable del área. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con ese criterio, no tiene autoridad sobre el médico dado que sus inspectores, cuando recorren los lugares, controlan la existencia del seguimiento de los pacientes y sus historias clínicas, pero no la evaluación del médico.
La reglamentación pendiente no regula este punto, pero sí la cantidad de personal por camas. Establece un parámetro sobre número de camas por tipo y carga horaria de empleado. Para un geriátrico de hasta 30 camas, se exigirá una o dos enfermeras, mucama y asistente de ocho horas por turno, de acuerdo con el caso, un criterio semejante al utilizado por el PAMI.