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En la Oficina Anticorrupción (OA) existe, como dijo Gustavo Beliz, una investigación sobre el dinero negro de la SIDE. Pero la denuncia que le dio origen no la hizo él, sino que comenzó con un anónimo y lleva cerca de dos años en trámite, según informaron a Página/12 en el Ministerio de Justicia. Se trata de un megaexpediente que rastrea mecanismos de desvío de fondos públicos en los que pudo haber participación de la central de inteligencia y algunos ministerios. El análisis abarca hasta el año pasado inclusive. El director de la OA, Daniel Morin, responsable máximo de la pesquisa, es uno de los pocos sobrevivientes a los cambios en la cartera de la que Beliz fue expulsado.
A través de distintos medios periodísticos, mientras se despedía entre rezongos, Beliz denunció que mediante “cuatro decretos secretos de Duhalde y de Kirchner” fueron derivados hacia la SIDE, desde otras áreas, “100 millones de pesos” que no formaban parte de su presupuesto. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reaccionó: “La SIDE tiene un presupuesto que en su inmensa mayoría está absolutamente supervisado”. Después explicó que en 2003 existió el incremento de 100 millones en cuestión y fue, dijo, “por un decreto anterior a nuestra llegada”. Al enviar al Congreso el presupuesto de este año incluyeron el aumento para “sincerar”, argumentó, “el presupuesto de la SIDE”.
En el organismo anticorrupción las sospechas sobre el manejo sin control de fondos públicos a través de la central de espías no son nuevas. Comenzó a indagar en el tema hace unos dos años, a partir de una presentación anónima y avanzó con datos que aportó en varias denuncias Roberto Martínez Medina, ex secretario privado del ex ministro de Justicia menemista Raúl Granillo Ocampo. Este personaje se hizo famoso cuando apareció como testigo en el reciente juicio oral contra María Julia Alsogaray y contó que su ex jefe recibía un sobresueldo de 50 mil dólares mensuales que él le iba a retirar a la Jefatura de Gabinete. Otros testigos y la propia Alsogaray declararon que también recibían un plus sin recibo por la ley secreta de fondos reservados. El Tribunal Oral 4 dijo que eso es delito (por tratarse de dinero destinado a seguridad y defensa, más no para gastos personales) y se abrió una causa en el juzgado de Jorge Ballestero.
La distribución de dinero del Estado sin rendición, bajo la modalidad de gastos reservados, sería sólo un mecanismo de desvío, entre otros posibles. La OA detectó, según señalan en la propia repartición, este circuito: durante la gestión de Granillo, al parecer, salían partidas del Ministerio de Justicia, que por medio de decretos secretos eran transferidas a la SIDE y luego, en negro, regresaban al punto de partida. Al final, no quedaba consignado para qué se utilizaban.
Frente a esa información, sumada al hecho de que la secretaría de inteligencia concentra los mayores volúmenes de fondos secretos, los investigadores comenzaron a estudiar si estaban frente a un caso puntual de la cartera judicial o a una práctica común en otros ministerios. El dato del incremento patrimonial de la SIDE en 100 millones de pesos por sobre el presupuesto asignado para el año pasado por el Congreso alimentó las dudas. “Lo que Beliz dijo es porque lo escuchó acá –susurraban ayer en la OA–, pero no porque él lo haya denunciado.”
¿Cuáles serían los delitos en caso de comprobarse irregularidades?
- En la OA dicen que el caso de Granillo “podría ser un ejemplo de peculado”, una figura penal que castiga con hasta diez años de prisión a los funcionarios que se apropian o dan un uso indebido a la plata del Estado que tienen bajo su custodia. Esto es lo que seguramente denunciarán ante la Justicia, aunque esperan obtener algunos datos más, y corroborar si fue una práctica extendida y hasta cuándo. Algunas interpretaciones dicen que los delitos podrían ser también malversación de fondos o bien administración fraudulenta, ambos excarcelables.
- Lo que aún discuten dentro de Anticorrupción es la legalidad o ilegalidad de utilizar decretos secretos para transferir partidas desde unministerio hacia la SIDE. Hay quienes sostienen que debería ser por ley. Mientras tanto, también buscan verificar cuándo y quiénes firmaron esos decretos.
Como jefe de la OA, Morin tiene todo este paquete a su cargo. En la estructura del Ministerio de Justicia, de la que es parte el organismo anticorrupción, le ha tocado ser uno de los pocos en conservar el puesto. También es candidato, y uno de los que más entusiasma al Gobierno, a ocupar una vacante en la Cámara Federal por concurso. Ahora tendrá el desafío de avanzar con una investigación que ya estaba en marcha pero que fue uno de los temas que el huracán Beliz puso sobre el tapete antes de dar el portazo.